INFORME ESPECIAL...
El pasado 15 de mayo el presidente ecuatoriano Rafael Correa tomo la decisión de cerrar sin más dilaciones los casinos que aun operaban legalmente en el país. Esta resolución no dejó de tomar por sorpresa a empresarios y empleados quienes en ese momento aun guardaban la esperanza de una prórroga teniendo en cuenta que existía un diálogo con el gobierno y el propio presidente había dado señales positivas para ampliar dicho plazo. Sin embargo Rafael Correa, con su estilo personalista, finalmente tomó una decisión sin medir las consecuencias y hoy la graves consecuencias sociales y económicas le están pasado una costosa factura de una situación que sin duda ya se ele salió de las manos.
Seguramente las secuelas que el cierre definitivo de casinos y salas de juego trajo consigo no estaban dentro del cálculo del presidente Correa que deberá asumir el gobierno comprometiendo importantes recursos económicos
La situación de los trabajadores
Aunque una parte de las empresas dedicadas a los juegos de suerte y azar lograron cumplir con las indemnizaciones de sus trabajadores tras quedar cesantes, lo cierto es que la gran mayoría no tiene como responder a sus ex empleados pues el cierre abrupto los ha dejado sin el flujo de dinero necesario.
El Ministerio de Relaciones Laborales, asegura que son 1 200 los empleados afectados en la actualidad. Sin embargo las propias agremiaciones de ex trabajadores aseguran que la cifra se acerca a los 8.000, sin contar empleos indirectos que se beneficiaban de esta actividad.
El gobierno nacional consciente del desangre económico que esto le podría significar procedió a incautar máquinas y elementos de juego para posteriormente subastarlas con el propósito de recaudar USD$ 5 millones para pagar las liquidaciones. Finalmente en la subasta no se venció una sola máquina debido al inexistente interés tanto dentro como fuera del país.
Esta situación puso en evidencia la improvisación y falta de planeación con que se actuó al momento de proceder al cierre definitivo y a la vez dio los primeros campanazos de alerta al gobierno nacional sobre las onerosas consecuencias que deberían asumir.
Cuando inicialmente el presidente Rafael Correa presentó ante la opinión publica el proyecto de refrendo para prohibir los juegos de suerte y azar en Ecuador no mencionó que al final el dinero para pailar esta situación saldría del bolsillo de todos los ciudadanos.
Gobierno: Indemnizaciones saldrán del bolsillo de todos
Ante el problema del desempleo generado, la falta de alternativas laborales y la imposibilidad de las empresas para responder por las indemnizaciones, el único camino para evitar que explotará una crisis social era la de asumir al propio gobierno el pago a los trabajadores, dinero claro esta proveniente del bolsillo de todos los ecuatorianos.
Por estas razones Rafael Correa, remitió el pasado 4 de Julio a la Asamblea Nacional el proyecto de Ley para la Defensa de los Derechos Laborales, con carácter económico urgente.
El proyecto de ley busca establecer mecanismos a través de los cuales el Estado pueda hacer efectiva la responsabilidad de los empleadores, que superen las medidas tomadas por ellos para evadir sus responsabilidades, según detalla la página web de la Asamblea.
La propuesta que está orientada también a aspectos relacionados con el descanso para los empleados domésticos; las jornadas de trabajo de las madres luego del parto; la indemnización a los ex trabajadores de casinos y juegos de azar.
La disposición transitoria prevé que el Estado ecuatoriano, a través del Ministerio de Relaciones Laborales, de manera excepcional, y por esta única ocasión, previo informe sumario, con liquidación y resolución efectuados por el respectivo director regional del Trabajo de la jurisdicción correspondiente, procederá al pago de las indemnizaciones a que se encuentran obligados los empleadores de los casinos y demás salas de juego, a favor de sus respectivos trabajadores, con ocasión de la culminación de sus actividades, en virtud de la disposición del mandato popular del 7 de mayo de 2011, por el que se prohibió los negocios dedicados a juegos de azar.
Una vez realizado el pago a cada trabajador, el Ministerio de Relaciones Laborales se subrogará de pleno derecho en las obligaciones por pagar y deberá iniciar los juicios coactivos correspondientes, contra los ex empleadores y sus empresas y personas vinculadas para recaudar los valores pagados a los trabajadores.
Asamblea le da la espalda a Correa
A pesar que el gobierno cuenta con la mayoría en la asamblea, esta ya ha empezado a darse cuenta de la cadena de desatinos e improvisaciones con las cuales el presidente ha venido dando manejo a esta delicada situación. El pasado 12 de julio los asambleístas pidieron que el proyecto fuera archivado definitivamente.
En el informe presentado por los asambleístas se esgrime, entre otras razones, que el proyecto presenta vicios de constitucionalidad formal y material así como incompatibilidad legal. Asimismo se argumentan que los abusos de los empleadores, en los cuales se fundamenta la necesidad del proyecto “nacen de la irresponsabilidad de los entes de control estatal y para tratar de remediar la inexplicable medida política de haber cerrado los casinos y salas de juego, lo que ha provocado el desempleo de trabajadores ecuatorianos”
Además sostienen que “la incapacidad de ciertos entes de control y los abusos de unos pocos mal llamados empresarios, no son argumentos válidos para aumentar la capacidad punitiva del estado y pretender introducir una normativa contraria a los principios del derecho constitucional, en extremo atentatoria a las garantías procesales consagradas en los instrumentos Internacionales de Derechos Humanos”
“Este aspecto ha empeorado en el transcurso del tratamiento de la ley, pues al parecer esta parece una ley con dedicatoria a una sola empresa: Invermun (empresa operadora de casinos). Si esta empresa tiene obligaciones con el estado, estamos de acuerdo con que se les cobre, sin embargo no podemos hacer una ley para cobrar a una sola empresa, como se hace al parecer”
En cuanto a la incautación de las máquinas para pagar las indemnizaciones el informe asegura que “si cualquier autoridad puede incautar bienes sin probar la propiedad y tan solo por suposición, primero, no se respeta el principio de inocencia y, segundo, se le obliga al ciudadano, mediante ley, a aceptar una responsabilidad que no le corresponde”
Finalmente el informe concluye que “Cobrar deudas que las empresas irresponsables tienen con los trabajadores, con el sistema de seguridad social y con la agencia de recaudación de impuestos es una tarea fundamental y un ejercicio lógico de la justicia para alcanzar la equidad social. Pero, no se puede hacerlo mediante procedimientos que pueden perjudicar a personas o empresas que no tienen responsabilidad en el asunto, porque en caso de hacerlo, el estado será igualmente injusto”
Millonario hueco fiscal: otra desagradable consecuencia
Adicional a la imposibilidad de liquidar a los trabajadores se ha conocido que las empresas operadoras de casinos y salas de máquinas han dejado una deuda al Servicio de Rentas Internas (SRI) de Ecuador por unos U$S 81.800.000. La cifra se deriva de la documentación de 36 procesos en marcha, de los cuales dos han concluido (U$S 10.000.000) pero no se pueden cobrar por la ausencia de bienes a nombre del accionistas.
La información fue suministrada por el Director (e) del SRI, Leonardo Orlando, y Manolo Rodas, Director Nacional Jurídico de la entidad, ante la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional, dentro del debate del proyecto de Ley para la Defensa de los Derechos Laborales.
A ello se suma que todavía no se puede exigir una caución del 100% de la deuda al SRI cuando existe una impugnación, constante en la disposición transitoria décima de la Ley de Fomento Ambiental, por cuanto la Corte Nacional de Justicia, así como los tribunales distritales de lo fiscal elevaron a consulta ante la Corte Constitucional la aplicación de tal disposición, pero esta instancia aún no se pronuncia.
Tras la explicación, los asambleístas coincidieron en que este dinero debe ser cobrado por el Estado. Francisco Velasco, presidente de la Comisión de Régimen Económico, señaló que solicitará la comparecencia del presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) para conocer las acciones emprendidas.
Sector hotelero, otro damnificado
El sector turístico es sin duda otro de los damnificados por el cierre de casinos y salas de máquinas en Ecuador., temiendo en cuenta que que estos operaban en complejos hoteleros. En este sentido la mayoría de los hoteles de lujo de Guayaquil ha comenzado a definir los proyectos que desplegará en los espacios desocupados tras la prohibición de los juegos de azar, que se dispuso por consulta popular.
De los ocho hoteles que tenían áreas destinadas para esta actividad, seis se han inclinado por desarrollar salones de evento, lounge (área para bar y café), locales y oficinas comerciales. Mientras que dos están en análisis para determinar qué negocios suplirán los ingresos que generaban los casinos.
Dentro del giro hotelero, la concesión o alquiler de espacios a largo plazo para casinos representaba para algunas cadenas el 14% de sus ingresos, según un estudio de una promotora inmobiliaria.
El hotel Sheraton, situado en el norte de Guayaquil, ha sido uno de los primeros en reemplazar su antigua superficie de casino. Decidió instalar un salón para eventos sociales y corporativos, que puede albergar de 250 a 500 personas, en los 700 m² que hasta marzo pasado ocupó Casino Sol.
En cambio, el hotel Hampton, que tenía el casino El Faraón en la avenida 9 de Octubre, se inclinó por hacer un lounge, espacio donde generalmente se acude a tomar café, beber y escuchar música suave. José Carrión, presidente del hotel, dijo que esa área abrirá el próximo año y con ello esperan compensar en algo el movimiento que generaba el casino.
A pesar de ello todos los administradores de hoteles coinciden en afirmar que debido al cese de operación de los casinos en sus recintos han tenido una baja del 20% al 25% en el movimiento de personas.
El tiempo poco a poco ha venido dando la razón a quienes veían en el cierre de casinos y salas de máquinas un despropósito de marca mayor que traería más perjuicios que beneficios.
Sin embargo lo que más preocupa es que la cadena de errores e improvisaciones alrededor de este tema está lejos de concluir, resumiéndose en la pregunta que ahora se hacen los ecuatorianos del común ¿y nosotros que ganamos con todos esto?
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