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INFORME ESPECIAL

Fecha de publicación: 2012-01-28
INFORME ESPECIAL

INFORME ESPECIAL

Juego en México: entre la ley y el desorden 

La instalación y operación de casinos en México es un asunto que tradicionalmente ha generado polémica, polarizando a los diferentes actores políticos, sociales y económicos. En el centro de la discusión se encuentra la legislación actual que resulta un elemento clave para entender pasado, presente y futuro del juego en la nación mexicana. A pesar que el país reúne en la actualidad todos los elementos para convertirse en la gran estrella de región, su legislación presenta un notable rezago, toda vez que data de 1947, y aunque se han hecho esfuerzos, ha falto voluntad política en muchos casos y desconocimiento sobre el tema en otros.

Legislación anticuada

En efecto La ley del juego que rige hoy en día en México se remonta a la Ley de Apuestas y Sorteos de 1947, que prohibió los casinos y juegos de azar en todo México. Aunque ha habido innumerables intentos para reemplazarla, todos los intentos han fracasado hasta ahora. Sin embargo, y a pesar que las salas de máquinas y bingos están prohibidos, eso no quiere decir que no existan salas de juego en operación en México. Esto se debe en gran parte a una modificación de un artículo de la ley 1947 llevado a cabo bajo la presidencia de Vicente Fox en 2005, quien al tratar infructuosamente de derogar la ley que regía desde 1947, optó por reformarla permitiendo las apuestas deportivas, las salas de máquinas y los bingos.

Desde entonces la Secretaría de gobierno del ministerio del interior de México (SEGOB) se encargó de la concesión de licencias para estas salas de apuestas. Si bien hubo una controversia inicial que rodeo el número de licencias adjudicadas por el entonces jefe de la SEGOB, Santiago Creel, sus decisiones fueron ratificadas por la Suprema Corte de México en 2007. En consecuencia, a finales del año siguiente, el sector del juego en México había crecido 110%. Desde entonces el juego experimentó un aumento acelerado, con un estimado actual de 7.000 máquinas tragamonedas en todo el país y 300 salas de máquinas, muchas de las cuales operan a gran escala.

El impulso para una nueva legislación de casinos tradicionalmente estuvo motivado por un deseo de mejorar la industria del turismo bajo la creencia que México podía ofrecer una experiencia de juego estilo “Las Vegas” en hoteles cinco estrellas situados en lugares de interés turístico. Hoy en día el impulso proviene de la preocupación por la rápida expansión del juego en todo el país, rodeando de controversia, una vez más, a la SEGOB.

En junio de 2011, Lizbeth García Coronado, secretaria de la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados, llamó a poner fin a la concesión de licencias de juego en México. En protesta por el aumento en el número de salas de tragamonedas en todo el país, Coronado, junto con un grupo de compañeros manifestantes, instalo un mini "casino" con cinco mesas de juego cerca de las sedes centrales de la SEGOB, dejando patente la polarización que suscitan los juegos de azar en el país. Durante la protesta, la diputada señaló que hay más de un millar de establecimientos de juego que operan actualmente en México sin una licencia. Coronado también dijo que ella ya había presentado tres informes a la oficina del procurador general de México en contra de funcionarios de la SEGOB por la concesión de permisos fraudulentos y afirmó que durante la presente administración, la SEGOB había otorgado 200 permisos adicionales aumentando la operación de los casinos.

Por otro lado un sector de la rama legislativa pide que se acabe con la expedición de licencias de juego en momentos cuando otros funcionarios electos están llamando a poner un límite. En Junio, José Guadalupe Osuna Millán, gobernador de Baja California, se pronunció a favor de poner fin a la proliferación de casinos en su estado, uniéndose a llamados similares realizados desde otros estados, mientras que otras voces se están alzando desde el Congreso mexicano. En este sentido el  Diputado Marco Antonio Vizcarra Calderón anunció que en julio  presentaría una moción ante el Congreso que aumentaría los impuestos a las salas de máquinas en todo el país con el objetivo de combatir la adicción al juego.

Estas no son las únicas propuestas, algunos miembros del Congreso mexicano están tratando de acabar con la Ley de 194 para darle paso a una nueva ley acorde a la realidad que hoy se vive en el país. Liderado por miembros del Partido Acción Nacional (PAN), el impulso ha ido creciendo debido a preocupaciones por la falta de transparencia en la concesión de licencias, así como la supuesta corrupción en la obtención de las mismas. En efecto, una nueva ley de juegos se presentó recientemente con carácter de urgencia en el Senado de México. El proyecto de ley estaría en la línea de permitir la operación a gran escala de casinos en todo el territorio bajo la premisa de fortalecer el sector turístico.

Entre el pago legal y las extorsiones

Otro ingrediente muy complejo se le suma a al falta de regulación clara en el sector: Las extorsiones. El año pasado vimos cuan lejos pueden llegar los delincuentes con el doloroso episodio del Casino Royale; los empresarios viven entre el miedo y la complacencia del pago de “impuestos “ a bandas de maleantes que “cobran” por cada máquina que opera en su sector, amenazando a quien no lo hace y algunas veces asesinando a personal o jugadores allegados al que se rehusa coimar como medio de presión .

Para  los operadores esta entre sus gastos mensuales, la inclusión de “gastos extras”  que van a parar a manos de delincuentes o los propios politícos como el alcalde de Monterrey la bien llamada Las Vegas de México que se vió envuelto en un escandalo que terminó con la reclusión de su hermano por servir de enlace en la recepción del dinero.

Un paso adelante

A pesar que salas de máquinas no están autorizadas para operar mesas de juego, los establecimientos en México se han esforzado por ofrecer una sensación más parecida a la de un casino. Esto se debe principalmente al hecho de que la SEGOB en agosto de 2010 dio luz verde a la operación de máquinas tragamonedas “clase III” que incluyen tragamonedas, videoruletas, video poker y simuladores de juegos de tipo blackjack entre otras. Anteriormente, sólo las de “clase II” (máquinas interconectadas tipo bingo) estaban permitidas en México. Se cree que debido a la apertura del mercado el número de máquinas tragamonedas en México podría duplicarse en los próximos años.

Mientras que aun se baraja la posibilidad de una nueva de ley de juego, se hace urgente la expedición de una norma que establezca y fije en los estándares bajo los cuales pueden operar el juego electrónico. El precursor en este sentido es la Normalización y Certificación Electrónica (NYCE), una asociación civil sin fines de lucro conformada por un importante grupo de empresas mexicanas del sector de la electrónica, las telecomunicaciones y la información.

Ante la insuficiencia de La ley de Apuestas y Sorteos de 1947 para cubrir la complejidad y sofisticación técnica de los equipos de juego modernos, los empresarios del sector, con el fin de inspirar en los usuarios de sus equipos confianza en la aleatoriedad de los mismos, se dieron a la tarea de buscar mecanismos para la regulación y vigilancia de éstos. Para lograr lo anterior, en abril del año 2006 sesionó por primera vez el Subcomité Técnico de Normalización de Juegos y Sorteos, en el seno del Organismo Nacional de Normalización de NYCE, cuyo propósito fue crear las normas que debían ocupar el espacio que la Ley Federal de Juegos y Sorteos y su Reglamento no podían cubrir, desde el punto de vista de las especificaciones técnicas de los sistemas de terminales que operan las salas de juegos autorizadas.

Así, en enero del año 2007 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la primera de las normas publicadas hasta ahora en el área de juegos y sorteos: la NMX-I-126-NYCE-2006, Tecnología de la Información – Sistemas de Terminales Electrónicas de Sorteo de Números y Apuestas, más comúnmente conocida como “Norma para juegos de Bingo”

En 2009 el NYCE fue acreditado por el gobierno como el Organismo de Certificación de Juegos y Sorteos siguiendo las directrices publicadas en 2007, abriendo  la posibilidad para que los fabricantes certifiquen sus equipos, brindando así a los usuarios la confianza y seguridad de que los juegos y sorteos en los que participan cumplen con las especificaciones de la norma y, sobre todo, que los sistemas de pago y repartición de premios han sido verificados por un organismo independiente, transparente e imparcial. Y aunque no son obligatorias, estas normas son ampliamente reconocidas por los órganos de gobierno local en México.

Hoy en día todo está dispuesto y reina un ambiente favorable para que México de ese gran paso adelante y renueve su anticuada legislación de hace 60 años, sin embargo es necesaria la voluntad política de autoridades y legisladores para capitalizar el gran potencial que tiene México para convertirse en la estrella de la región.

 

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