No entiendo, el porque los seres humanos necesitamos el estar cerca de perder algo , o de una dura experiencia para apreciar lo que tenemos y motivarnos. Mi comentario viene a la noticia que se regó como pólvora de los operativos de control por parte de COLJUEGOS. Solo hasta que vislumbramos el problema empezamos a buscar soluciones, desperdiciando el tiempo que tuvimos para poner la casa en orden ; la industria del juego , es sensible a muchos factores dado el estigma , tengamos esto en cuenta es nuestro negocio y debemos ser legales .Hoy mi columna la cedo a esta reflexión que hace el Fiscal General de la Nación Eduardo Montealegre La cultura de la legalidad en Colombia y que me parece funciona para todos los operadores , Coljuegos , Las Instituciones , los ciudadanos del común , todos nosotros ; aquí entonces :

“Esta relación entre los ciudadanos y el Estado tiene tres grandes pilares en los cuales se soporta: la transparencia como política, la cultura de la legalidad y la confianza en las instituciones.

La primera se refleja, para empezar, en la necesidad de que los actos que desarrollamos en sociedad no afecten derechos ajenos, es decir, a comportarnos conforme a derecho. Implica entonces respetar el principio de lealtad y buena fe en nuestra interacción. Pero la transparencia implica, además, deberes positivos de colaboración con los fines estatales, en particular, con la obligación en cabeza de los ciudadanos de denunciar los actos que ponen en peligro la convivencia de la comunidad y que afectan los derechos y las libertades de las personas.

En efecto, nuestra Constitución Política establece como una de sus más importantes directrices el “Colaborar para el buen funcionamiento de la administración de la justicia” (num. 7, art. 95 CN), precepto que es desarrollado por la legislación penal, no solo con los tipos de conductas relacionadas con la omisión de denuncia (arts. 417 y 441 CP), sino también con el deber de rendir testimonio ante las autoridades (art. 383 CPP), entre otras disposiciones.

El cumplimiento de este deber es lo que posibilita que la Fiscalía General de la Nación y la magistratura actúen de manera efectiva en contra de la criminalidad, en especial cuando se trata de hechos de corrupción, los cuales implican una grave afectación de los derechos colectivos.

La corrupción golpea la estructura misma del Estado, afecta los recursos y la adecuada articulación de las políticas públicas, afecta la economía al desviar los fondos públicos necesarios para el desarrollo del país, y amenaza la confianza de los inversionistas en el país.

Pese a lo anterior, el acatamiento de estos deberes no debe darse solo por la existencia de una norma que sancione su incumplimiento. Es aquí donde la cultura de la legalidad juega un papel fundamental.

Los deberes de los ciudadanos deben ser interiorizados y la sociedad debe aprender a verse como un conjunto, de tal manera que se entienda que los actos ilegales de otros nos afectan a todos.

Armonía entre los valores colectivos

La cultura de la legalidad consiste entonces en todos aquellos esfuerzos de autorregulación individual y social para buscar la armonía entre los valores colectivos y las necesidades de un Estado reflejadas en sus normas, con la finalidad de que se interioricen y apliquen conceptos como justicia, respeto, equidad, solidaridad, convivencia pacífica, por mencionar algunos de los valores constitucionales que se promueven con este concepto.

Fortalecer la cultura de la legalidad implica reconocer el ordenamiento jurídico, a las normas, como pautas de comportamiento de una sociedad en un momento histórico determinado, y que los ciudadanos se comporten por un convencimiento interno de su obligatoriedad así como exijan a los demás tal comportamiento conforme al derecho ( resaltado mio )

Con la cultura de la legalidad se combate la mentalidad del dinero fácil que tanto daño le ha hecho a Colombia.

Pero la transparencia y la cultura de la legalidad no son suficientes para sustentar una sólida relación entre los ciudadanos. Es necesario que exista confianza en las instituciones, en especial en aquellas que administran justicia.”

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