La iniciativa propuesta a finales del año pasado que modifica la Ley de Juegos de Lotería y de Azar, avanza al contar con el aval del Senado. La propuesta es otorgar a la AJ la posibilidad de subastar todo dispositivo de juego que haya sido confiscado o decomisado a favor de operadores habilitados. El precio de venta de las máquinas sería fijado en el 80 por ciento de su valor comercial actual, en el estado que se encuentre la máquina. Lo recaudado por el remate de las máquinas sería transferido por la AJ a la cuenta única del Tesoro General de la Nación de Bolivia.
En el caso de que los dispositivos no cumplan con los requisitos funcionamiento, la normativa señala que los mismos no podrán ser subastados. En ese caso, las máquinas deberán ser inhabilitadas, desmanteladas o destruidas.
Esta cuestión no es para nada un hecho menor en el país, considerando la cantidad de máquinas tragamonedas que son confiscadas en locales minoristas por la AJ anualmente. Desde el inicio de actividades del organismo, en 2011, hasta octubre del año pasado por ejemplo, se decomisaron un total de 11.437 máquinas, por los cuales se obtuvo BO$ 16,1 millones ( usd$ 2,33M) por concepto de multas.
Con respecto a la modificaciones legislativas mencionadas, el director de Lotería Nacional de Beneficencia y Salubridad (Lonabol), Percy Paredes, señaló no tener conocimiento de las mismas. Por su parte, el titular de la AJ, Mario Cazón, señaló que no se referiría al tema hasta que estas sean promulgadas por el Poder Ejecutivo de Bolivia.
