La Gobernación del Atlántico puso en marcha una nueva ofensiva contra el juego ilegal, con foco especial en el chance clandestino, al advertir que más de 3.000 procesos judiciales relacionados con estas actividades podrían prescribir si no se aceleran las investigaciones y actuaciones de las autoridades. La estrategia fue presentada durante la instalación del primer Comité Departamental contra el Juego Ilegal de 2026, concebido como un espacio de coordinación entre entidades de seguridad, justicia y regulación.
En la jornada participaron representantes de la Policía Metropolitana de Barranquilla, el Departamento de Policía Atlántico, la Sijín, la Fiscalía General de la Nación, la Secretaría del Interior de la Gobernación, Edusuerte y la concesionaria territorial del monopolio rentístico. El mensaje institucional fue claro: el juego ilegal no solo vulnera la ley, sino que golpea directamente los recursos que financian la salud pública en el departamento.
Las autoridades también identificaron los principales focos territoriales de esta actividad en Barranquilla, Soledad, Malambo, Baranoa y Sabanalarga, zonas sobre las que se concentrarán operativos y acciones judiciales en los próximos meses. El punto más sensible es que, sin refuerzo investigativo y coordinación efectiva, miles de expedientes podrían perderse por vencimiento de términos, debilitando la capacidad de sanción del Estado frente a las redes ilegales.
El trasfondo económico refuerza la gravedad del problema. Coljuegos informó en 2024 que, solo en Atlántico, los juegos ilegales habían dejado de transferir más de $25.000 millones para la salud en los últimos cinco años, y que cada año se pierden alrededor de $6.040 millones por actividades como el chance blanco, rifas ilegales y operaciones sin concesión. Con ese antecedente, la nueva ofensiva busca frenar no solo un delito, sino una fuga sostenida de recursos públicos.
