Fecoljuegos elevó el tono del debate regulatorio en Colombia con una advertencia directa: la discusión sobre el juego estaría siendo empujada más por presión política que por análisis técnico, lo que —según el gremio— expone al mercado legal a diagnósticos equivocados y a decisiones mal calibradas.
El punto de choque, sostiene Evert Montero Cárdenas, es metodológico: confundir el volumen apostado con el ingreso real del operador. De acuerdo con su planteamiento, alrededor del 95% del dinero apostado retorna a los jugadores en premios, mientras que el margen restante debe cubrir costos críticos de la operación formal: tecnología, licencias, cumplimiento, seguridad, nómina, impuestos y transferencias al sistema de salud. En ese marco, usar indicadores inadecuados puede derivar en políticas que “corrigen” lo que no está roto y, a la vez, encarecen la legalidad.
La alerta se conecta con una preocupación estructural: la inestabilidad tributaria y regulatoria. Montero advierte que cambios frecuentes, interpretaciones variables y procesos lentos frenan la inversión y abren espacio a operadores ilegales que no asumen cargas fiscales ni estándares de protección al consumidor y juego responsable.
El momento es particularmente sensible porque Coljuegos mantiene abierta, hasta el 6 de marzo de 2026, la ventana de comentarios a un proyecto que ajusta reglas de los juegos operados por internet, reactivando la discusión sobre precisión técnica y equilibrio competitivo frente a la oferta ilegal.
En un mercado que financia salud pública, la regla debería ser imbatible en técnica y previsible en costos: solo así la inversión se vuelve segura.
