Hablar de regulación de apuestas en Colombia y en buena parte de Suramérica es hablar de un marco legal diseñado para una fotografía vieja: casinos presenciales, bingos, loterías, chance, rifas y, en la última década, apuestas deportivas online claramente etiquetadas. Todo eso cabe bastante bien dentro de la Ley 643 de 2001 y las categorías de “juegos localizados”, “juegos novedosos” y “apuestas operadas por internet” que administra Coljuegos.
El problema es que el mercado ya no se comporta como una sala de casino tradicional. Cada año aparecen productos híbridos que no terminan de ser ni “casino”, ni “lotería”, ni “apuesta deportiva” en el sentido clásico: mercados predictivos sobre política y economía, competiciones tipo fantasy financiero, plataformas P2P donde los usuarios se apuestan entre sí sobre cualquier evento del mundo real, muchas veces liquidadas en criptoactivos y alojadas fuera de la región.
En Estados Unidos, el caso de Kalshi y sus “political parlays” —derivados que permiten ganar o perder dinero según resultados electorales o decisiones de la Reserva Federal— ha obligado al regulador de derivados (CFTC) a preguntarse si eso es un producto financiero legítimo o una apuesta política disfrazada. En Colombia y Suramérica la tensión es similar, pero con otra dificultad: aquí el monopolio rentístico de juegos de suerte y azar está pensado para captar recursos para la salud; cualquier producto que no encaje bien en las definiciones existentes queda en una zona ambigua donde nadie quiere equivocarse.
– Plataformas internacionales que ofrecen “mercados predictivos” sobre inflación, elecciones o resultados deportivos con formato de contrato financiero, no de ticket de apuesta.
– Sitios de trading de “skins” y objetos virtuales de videojuegos, donde en la práctica hay apuestas con valor económico pero, jurídicamente, se presentan como intercambio de ítems digitales.
– Grupos cerrados de Telegram o Discord que cobran suscripción por entrar a “bancos de apuestas” colectivos o esquemas de copy-betting, sin licenciamiento ni controles propios del juego legal.
Para los reguladores, el dilema es doble. Si intentan encajar todo en las categorías de juegos de suerte y azar existentes, corren el riesgo de forzar la ley más allá de su texto. Si se quedan quietos, permiten que crezca un ecosistema paralelo de productos con riesgo de adicción, lavado o fraude, pero sin contribución al sistema de salud ni protección efectiva del consumidor.
Tarde o temprano, Colombia y sus vecinos tendrán que decidir si regulan estos mercados como derivados financieros, como juegos de suerte y azar de nueva generación o como una categoría mixta. La única apuesta segura es que seguirán apareciendo apuestas creativas que se mueven justo en las grietas de la ley, aprovechando la diferencia entre cómo está escrita la norma y cómo juega, realmente, el apostador del siglo XXI.
