Estado Social de Derecho será una simple aspiración o se supone que desde el año 1991 nuestro país dio un gran pasó del Estado de Derecho al Estado Social de Derecho? Es lo que nos cuestionamos cuando revisamos los últimos acontecimientos ocurridos con los juegos de suerte y azar, especialmente los que tienen que ver con las amenazas de sanciones, las citaciones a audiencia por retrasos en la realización de la prueba, la cancelación de contratos por historias ya muy pasadas, los mensajes de “aténgase a las consecuencias”, los gestos de burla de los funcionarios en las reuniones gremiales, las convocatorias masivas en las que la cabeza de la entidad para “socializar” que terminan diciendo: “Así será y no hay nada más que decir”.
Para que un país se erija como un modelo de Estado social de derecho, tal como lo pretende la Constitución Política del 91, es obligatorio que todas y cada una de las instituciones del Estado se conviertan en garantes de la realización de los derechos fundamentales y garantías individuales, es decir, que propenda por la consecución de los fines estatales, porque así lo ordena el mandato superior contenido en el artículo 2° de la Constitución cuando exige que todas las autoridades de la república son creadas para servir a la comunidad y promover la prosperidad y garantizar la efectividad de los derechos y garantías.
Pero no existe garantía de respeto a la dignidad humana cuando Coljuegos hace llamadas amenazantes a los operadores por el incumplimiento de un término, tampoco hay libertad de empresas cuando Coljuegos con maniobras que no fueron claras quieren garantizar el enriquecimiento de las empresas extranjeras poniendo en desventaja a las nacionales como cuando salió a publicar una lista de operadores de interconexión con certificaciones extranjeras y acosó a los concesionarios para que se conectara con ellas cuando aún ni existía laboratorio autorizado para que las diversas empresas nacionales que venían haciendo un gran esfuerzo para cumplir pudieran habilitarse para vender sus productos.
Si en nuestro país hay dignidad en algunas instituciones como las de control, ya que las personas de bien y las empresas comprometidas con el proyecto nacional no la ven garantizada, a COLJUEGOS le deben investigar y sancionar por pretender imponer sanciones a más de la mitad de operadores que no han podido cumplir con una simple prueba de conexión para la cual hay tiempo de sobra y para la cual ya es evidente que se vienen preparando.
Igualmente han de intervenirlo e impedir que lleve a la inminente liquidación de gran cantidad de contratos por no soportar el sobrecosto que implica la interconexión en los tiempos tan cortos que lo impuso a través del cronograma, debido a la falta de estudios que se han pedido a gritos y por la intransigencia de sus directivas a las que no les ha bastado la demostración técnica que las agremiaciones le han presentado en forma sustentada y documentada.
Con el actuar de Coljuegos además se hacen nugatorios los derechos más elementales como el debido proceso por no haber estado contemplado desde el comienzo de los contratos las reglas de juego, la defensa ya que esta garantía comienza por la posibilidad de tener acceso a la información y a unos términos procesales razonables, la libertad de empresas que parte de la posibilidad de estar en iguales posibilidades frente al Estado, la igualdad que no ha de ser formal sino material y ella no está siendo garantizada cuando Coljuegos evidencia una mayor simpatía por las empresas multinacionales y extranjeras, que no sería pecado si no lo hicieran en clara desventaja con los nacionales, el Derecho al Trabajo porque con el exterminio de las pequeñas empresas está poniendo en peligro miles de empleos en contravía con los planes del gobierno del Presidente Santos y por supuesto con lo dispuesto en la Constitución Política.
Creo que es hora de hacer un frente común entre todas las organizaciones gremiales y todos los concesionarios para pedir audiencia con Presidencia de la República, Contraloría General y Procuraduría General, con una delegación que lleve la evidencia ante dichas entidades que los concesionarios no han querido hacerle el quite a la interconexión ni a ningún proyecto de Coljuegos sino que simplemente están pidiendo justicia y respeto por las garantías constitucionales y contractuales, que se preserve la ecuación financiera de los contratos al obligar a los concesionarios a correr con el total de los costos de la interconexión sin que el Estado invierta en el proyecto un solo peso; y lo que es peor, sin consultar la capacidad financiera de las empresas a las que se les está obligando a invertir a pesar de que dicha capacidad es conocida por el ente.
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