En Colombia, las reglas sobre el uso de recursos públicos para fines políticos son claras: las entidades del Estado deben ser neutrales. El artículo 209 de la Constitución ordena que la función administrativa se rija por la imparcialidad, y la Ley 996 de 2005 (Ley de Garantías Electorales), en su artículo 38, prohíbe expresamente que los servidores públicos usen bienes o canales oficiales para influir en la política.
A pesar de ello, Coljuegos ha venido publicando mensajes en sus redes sociales oficiales que exceden el marco informativo y misional. Frases como “Ganamos Colombia – #ElTrabajoDignoEsLey” o piezas gráficas con la imagen del presidente Gustavo Petro acompañadas de consignas como “Se acabó el silencio” reflejan un giro preocupante: la entidad reguladora del juego no solo informa, sino que participa activamente en la narrativa política del gobierno.
No es la primera vez que ocurre. En agosto, Mundo Video reseñó la participación de Marco Emilio Hincapié, presidente de Coljuegos, en la consulta popular promovida por el presidente Petro. Aquella decisión ya había despertado críticas sobre la politización de una entidad que, por su naturaleza técnica y reguladora, debería mantenerse al margen de la contienda política.
El problema no es únicamente de forma, sino de fondo. Cuando una entidad como Coljuegos, encargada de garantizar transparencia en los juegos de suerte y azar, se convierte en altavoz político, compromete su rol como árbitro imparcial. El sector del juego depende de la confianza en las reglas, y esa confianza se erosiona si el regulador proyecta afinidad ideológica o participa en campañas de gobierno.
La Resolución 3564 de 2015 del MinTIC y la Circular 100-003-2022 de la Procuraduría reiteran que las redes oficiales deben usarse únicamente para comunicación institucional. Su uso para difundir propaganda constituye un uso indebido de recursos públicos y un riesgo de instrumentalización del Estado.
El trasfondo es claro: no se trata de un debate abstracto, sino de la línea que separa la comunicación institucional de la propaganda. Si Coljuegos –u otras entidades– cruzan esa frontera, se debilita no solo la legalidad, sino la credibilidad misma del aparato estatal.
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La investigación solicitada a la Procuraduría llega en un momento clave. Más allá de establecer responsabilidades individuales, debe fijar un precedente: en un Estado de derecho, la institucionalidad no puede ser botín de la política. Coljuegos, por su papel regulador, debería ser garante de reglas, no participante en la arena partidista.
En la era digital, donde un post institucional se convierte en mensaje masivo, respetar la Constitución, la Ley de Garantías y las directrices de control no es un formalismo: es un blindaje indispensable para proteger la frontera entre el poder político y el Estado.
