El debate tributario sobre el juego legal en Colombia debería empezar por una precisión básica: aquí no está en discusión si la industria formal debe aportar o no. Aporta, y desde hace años lo hace por múltiples vías. El problema aparece cuando la carga deja de responder a una arquitectura fiscal coherente y empieza a parecer una sucesión de medidas activadas según la necesidad inmediata de caja.
En ese punto, el sector deja de leer una política pública de largo plazo y empieza a sentir una presión tributaria en movimiento, donde cambian los instrumentos, pero no la lógica de fondo: extraer recaudo rápido de quienes ya están identificados, regulados y obligados a cumplir.
Eso explica por qué la conversación reciente no puede reducirse al nuevo gravamen sobre el juego online. Primero apareció el intento de imponer el IVA del 19% vía decreto de emergencia; después, tras la suspensión provisional de la Corte Constitucional, llegó el Decreto 0240 de 2026 con un impuesto nacional al consumo del 16% para los juegos operados exclusivamente por internet. Cambió el nombre del tributo y cambió el vehículo jurídico, pero la señal siguió siendo la misma: el juego digital continúa siendo visto como una fuente apta para recaudo excepcional. Y mientras eso ocurre, el resto del ecosistema también sigue sometido a otros frentes, como la autorreteción del 3,5% aplicable a las actividades del sector.
El punto de fondo es que esta presión no recae solo sobre el online. También alcanza a casinos, bingos, localizados y demás operadores formales que ya soportan derechos de explotación, impuestos indirectos, retenciones y exigencias regulatorias. Es decir, la industria que sí paga, sí reporta y sí está dentro del radar estatal es precisamente la que recibe nuevas capas de carga cada vez que se abre una posibilidad normativa. Mientras tanto, los temas estructurales siguen sin resolverse con la misma velocidad: sostenibilidad del negocio, costos de transición, seguridad jurídica y certidumbre regulatoria. Incluso en escenarios como GAT Cartagena 2026, donde abundaron las cifras y los mensajes de institucionalidad, quedaron abiertas preguntas sensibles sobre homologación, parque instalado y viabilidad económica del proceso de actualización.
A esto se suma una dinámica que ya empieza a ser reconocible: el Estado endurece por un lado, pero simultáneamente abre ventanas de normalización, conciliación, alivios y facilidades de pago por el otro. Desde el punto de vista fiscal, la fórmula es eficiente: presiona, acelera y luego ofrece una salida para capturar liquidez en el corto plazo. Pero desde el punto de vista sectorial, esa mecánica no reemplaza una política tributaria seria. Una industria no puede vivir indefinidamente entre nuevos cobros, alivios transitorios y rediseños en plena marcha. Eso no genera confianza. Genera administración permanente de contingencias.
La industria formal del juego puede convivir con la tributación. Lo que no resiste bien es la improvisación fiscal convertida en método. Porque cuando el recaudo se persigue con todos los instrumentos disponibles, pero sin resolver el marco de largo plazo, el mensaje que recibe el mercado no es de fortalecimiento. Es de desgaste.
