MUCHAS SON LAS LEYES EN UN ESTADO CORROMPIDO
“Tácito,Historiador romano”
Es curioso que algunas entidades del Estado suelen estar expidiendo normas, actos administrativos y todo tipo de decisiones y con ello frecuentemente cambiando las reglas del juego, muchas de esas veces por fuera de sus facultades legales, generalmente complicándole la vida a los ciudadanos, pero no les pidan a esas mismas entidades que emitan una norma para mejorar la situación de esos ciudadanos porque ahí si dejan de defender su “facultades exorbitantes” “reglamentarias” “omniscientes” con las que suelen justificar sus reglamentos, porque a la menor petición en favor del ciudadano salen echándose bendiciones alarmados porque se les está insinuando algo por fuera de sus funciones.
A mi modo de ver, ambas posiciones extremas son dañinas para un Estado Social de Derecho, para Estados como el nuestro que se supone que privilegia el interés general y la prosperidad de las personas, por encima de las mismas normas rígidas y carentes de contenido.
Pues durante más de un año sus funcionarios, entre ellos la célebre Lina Zuluaga, ex-vicepresidente de gestión contractual de la mencionada entidad, manifestó en diferentes reuniones frente al tema, que no extendieran preocupación, que ellos (los funcionarios de turno) eran conscientes que la fórmula para realizar dicho cálculo no debía ser por máquina individualmente dado que sabían que eso “aporrearía durísimo” a los operadores concesionarios, pues era lógico que si el cálculo de los ingresos brutos se tomara máquina por máquina, la tarifa resultaría irreal dado que cada máquina tiene un ciclo que no es regular, no es mensual, por lo tanto en algunos períodos esto dispararía el valor a pagar, sin que la base del cálculo fuera utilidad.
Y es hoy, cuando el sistema de interconexión ya está definido, a espaldas de los operadores, por cierto, esas palabras se las lleva el viento, cuando se pretende retomar el tema, salta aquella pomposa frase de aparente transparencia y respeto: “eso es de Ley, nosotros no podemos hacer nada”
Pésima disculpa! y peor aún la explicación, cuando acuden a una analogía entre lo dispuesto en el Artículo 34 de la Ley 643 de 2001 y el Artículo 14, inciso 2° de la Ley 1393 de 2010 figura esta (la analogía) prohibida en nuestro ordenamiento jurídico su utilización, menos aún, cuando es desfavorable a quienes deben cumplir tal precepto.
Lo que las organizaciones gremiales han planteado siempre al ente regulador, especialmente CONNAZAR, es que si bien es cierto en el Artículo 34 mencionado es claro que el cobro se debe hacer por cada máquina, también es cierto, que la nueva disposición no establece dicha variable por lo que la entidad no sólo está en la facultad sino también en la obligación de realizar análisis juiciosos y llegar a una decisión razonable preservando la sostenibilidad del negocio.
Permitiendo así que el cálculo del mayor valor de que habla el Artículo 14 de la Ley 1393 de 2010, se realice sobre todas las MET´s de cada contrato, o en el peor de los casos por el total de cada establecimiento, dado que también es deber de la entidad garantizar la rentabilidad y productividad necesarias para la sostenibilidad del negocio, en atención al principio de “razonabilidad económica de la operación” conforme a lo dispuesto en el Artículo 3° de la Ley 643 de 2001.
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