La actividad económica de los juegos de suerte y azar desarrollada por actores privados, requiere como todas las actividades económicas, del respaldo y la acción decidida del Gobierno Nacional, en aspectos fundamentales como la regulación adecuada, el control y la vigilancia y la promoción de la actividad en condiciones de formalidad.
En materia de control y vigilancia del juego ilegal, es necesaria una adecuada y oportuna coordinación entre las diferentes entidades encargadas de garantizar el control de prácticas y actividades ilegales en las diferentes regiones del país, (fiscalía, policía, gobernaciones y alcaldías, entre otros) lo cual redunda positivamente en la disminución de este fenómeno que se encuentra altamente arraigado en nuestra sociedad y por esta vía se contribuiría al incremento de los derechos de explotación transferidos a la nación por los operadores legales.
Igualmente importante para el gobierno debe ser la promoción de la formalidad y profesionalización de esta actividad, a través de diferentes medios como la realización de seminarios, eventos, congresos y cursos dirigidos a los actores involucrados en el control y la vigilancia del juego ilegal, con el objeto de mantener actualizados los conceptos y prácticas que deben ser llevados a cabo por parte de las entidades públicas, ya que se ha identificado un amplio desconocimiento en la normatividad que penaliza las actividades ilegales y que resulta al final del día castigando a quienes desarrollan sus actividades dentro de la legalidad.
Así mismo y no menos importante debe ser la puesta en marcha de campañas publicitarias en medios masivos de comunicación, internet y redes sociales, que estén sustentadas en dos pilares esenciales: el primero es informar acerca de las diferencias entre los juegos legales e ilegales, esto con el fin de concientizar principalmente a los usuarios acerca de la confianza que brinda un operador legal en cuanto al pago de premios se refiere, y como segundo pilar fundamental, la referencia expresa de la importante fuga de recursos para la financiación de la salud pública en el país, a partir de los aportes de esta actividad legal.
Sin embargo, cualquier campaña que se adelante sin una clara y decidida presencia del estado en las regiones, con acciones contundentes y encaminadas a judicializar a los operadores ilegales, que no cuentan con los contratos correspondientes firmados con Coljuegos, que evaden impuestos, parafiscales y las obligaciones de ley para con sus empleados, no tendría mayores resultados, ni mucho menos una importante repercusión en la sana competencia y en los recaudos para la salud.
Se requiere que llegue la hora de dejar trabajar al empresario legal y socialmente responsable, aquel a quien es fácil identificar y visitar, que se empiece de una vez por todas a dirigir acciones reales contra las mafias y carteles que medran de esta importante actividad, exigiéndoles el cumplimiento de la ley en igualdad de condiciones que al empresario formal.
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