La extorsión en el Atlántico se convirtió en un monumental dolor de cabeza. Barranquilla y Soledad constituyen su teatro de operaciones. Lo cual no es aleatorio. Aquí se concentra casi la totalidad del PIB departamental. Esta modalidad delictuosa se ha enfocado en la vulnerabilidad del comercio pequeño y mediano porque no dispone de robustos esquemas de seguridad.
En Barranquilla, los comerciantes más golpeados son los de Undeco y Asocentro, que integran tenderos de barrio, ferreteros y propietarios de establecimientos del Centro Histórico. La extorsión no es algo reciente, pero los afectados sí sienten que adquirió mayor evolución desde 2019 con un breve interludio de reducciones en 2020 debido a los encierros del covid-19.
En el pasado, en algunos barrios de la ciudad se ejercía la extorsión envuelta en el ofrecimiento de seguridad. Con la irrupción distrital de las AUC, esto se acabó.
La extorsión, emboscada en la telefonía celular, se caracteriza por ser una actividad operativamente menos arriesgada para la delincuencia y económicamente muy atractiva.
Algunos comerciantes flagelados sostienen que la extorsión la ejercitan también grupos o individuos no adscritos a las bandas criminales reconocidas. Todo parece indicar que usurpan lucrativamente estas nomenclaturas delictivas como si se tratara de ‘franquicias’ puestas a su servicio. La extorsión, desde luego, es un delito asociado a la dinámica de los grupos criminales organizados.
Quienes se dedican a la actividad extorsiva, cuando contactan a sus víctimas y esgrimen sus exigencias, asumen en ocasiones el rol de protectores para justificar el dinero solicitado y conceden rebajas si las pretensiones desbordan las posibilidades económicas de sus abordados. En algunos casos, los mismos delincuentes reaparecen con iguales intenciones extorsivas, un tiempo después, parapetándose en otra marquilla criminal. Otras veces, formulan amenazas de muerte a los comerciantes y a su entorno familiar. Y éstos tienen dos caminos: o pagan puntualmente la ‘vacuna’ o terminan cerrando sus negocios como lo han hecho numerosos tenderos con las consiguientes afectaciones económicas para sus hogares y empleados.
Las cifras sobre extorsión son hoy una fotografía parcial, pues el delito está más extendido. El subregistro es atribuible al comprensible miedo de los afectados. No denuncian ni en su gremio ni en las instancias judiciales y policiales.
Tampoco han sido estudiadas a profundidad las implicaciones económicas, sociales y psicológicas de la extorsión. Lo que sí sabemos es que ha reventado la economía popular incrementando la tragedia del desempleo.
Dentro o fuera de las cárceles, el crimen no se puede tolerar. Vivir con miedo no tiene sentido porque equivale a concederle soberanía a la delincuencia, lo que a la larga debilita al Estado. Sin seguridad, derecho fundamental –no nos cansamos de señalarlo– no hay libertad ni democracia.
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