Bogotá D.C. — Mediante la Resolución No. 20250022644 del 6 de octubre de 2025, la empresa industrial y comercial del Estado Coljuegos anunció la creación formal de una Unidad de Policía Judicial (UPJ) con el objetivo de fortalecer la investigación penal, el control operativo y la persecución de las estructuras de juego ilegal en todo el territorio colombiano.
La medida, publicada en el portal institucional de Coljuegos, marca un hito en la historia del regulador, al consolidar por primera vez un cuerpo interno con funciones judiciales bajo la coordinación de la Fiscalía General de la Nación, en el marco de lo dispuesto por los artículos 200 y 201 del Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004).
Estructura y funciones
Según la resolución, la nueva Unidad de Policía Judicial de Coljuegos estará conformada por funcionarios previamente acreditados y capacitados por la Fiscalía, quienes asumirán competencias en tres frentes principales:
- Investigación y recolección de pruebas sobre la operación de juegos de suerte y azar sin autorización estatal.
- Apoyo técnico en procesos judiciales relacionados con fraude, evasión fiscal, falsedad documental, contrabando tecnológico o manipulación de software de apuestas.
- Acompañamiento operativo a la fuerza pública, especialmente en allanamientos, decomisos de máquinas ilegales y cierres de establecimientos reincidentes.
El Coordinador de la Unidad fue designado directamente por la Presidencia de Coljuegos, y su nombre, junto con los investigadores judiciales asignados, quedó consignado en anexo reservado de la resolución por motivos de seguridad operativa.
Impacto en concesionarios y operadores autorizados
Para los operadores con contratos vigentes, esta resolución implica una nueva etapa de corresponsabilidad en la trazabilidad de operaciones y equipos.
Fuentes internas de Coljuegos explicaron que, si bien la Unidad estará enfocada en combatir la ilegalidad externa, también podrá requerir información técnica y contable a los concesionarios cuando existan investigaciones abiertas por competencia desleal, fraude a los derechos de explotación o alteración de datos en los reportes al sistema central.
De acuerdo con el documento oficial, la UPJ tendrá acceso directo a los sistemas de información de Coljuegos, incluyendo la Plataforma de Control Online (PSL), lo que permitirá cruzar datos de terminales, RNG, billeteros y validadores con registros de establecimientos y licencias activas.
“Este no es un cuerpo punitivo, sino una herramienta técnica para garantizar transparencia en la cadena de valor del juego legal”, explicó un funcionario de la Vicepresidencia de Operaciones, quien añadió que los concesionarios deberán reforzar sus controles internos para responder con agilidad a los requerimientos de la Unidad.
Lucha contra el juego ilegal
La creación de la Unidad responde a una problemática persistente: el juego ilegal representa cerca del 35 % del mercado total de apuestas en Colombia, según estimaciones de Coljuegos. Solo en 2024, las operaciones de fiscalización permitieron el decomiso de más de 6.500 máquinas tragamonedas ilegales y el bloqueo de 142 sitios web de apuestas sin licencia.
Con la UPJ, el regulador busca integrar inteligencia financiera, cibernética y penal en un mismo frente. Esto incluye cooperación directa con la UIAF, la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA), la DIAN y la Superintendencia de Sociedades para rastrear flujos de capital y estructuras de lavado vinculadas a juegos no autorizados.
Mensaje a los operadores legales
La presidencia de Coljuegos envió un mensaje claro a los empresarios que operan bajo el marco legal:
“Esta Unidad no es un obstáculo, es una garantía. Quien cumple con la ley no tiene nada que temer. El objetivo es nivelar el terreno de juego para quienes sí aportan al país.”
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El regulador recordó que, durante 2024, los derechos de explotación generaron más de 1,3 billones de pesos para la salud pública, cifra que podría aumentar hasta un 20 % si se logra reducir la evasión mediante inteligencia judicial.
En paralelo, Coljuegos planea emitir una guía técnica de cooperación con la Policía Judicial, la cual definirá procedimientos de entrega de información y coordinación entre concesionarios, plataformas online, fabricantes de máquinas y las autoridades competentes.
Un paso más en la madurez institucional del sector
Esta resolución representa un “Level Up” institucional para el modelo colombiano: pasa de la supervisión administrativa a la investigación con capacidad penal, consolidando a Coljuegos como un actor central en la política de seguridad económica del Estado. Para los operadores que cumplen, esta medida es una garantía de estabilidad jurídica; para los que no, un recordatorio de que la época de las “zonas grises” llega a su fin.
Imbatible, como una autoridad que decide jugar con cartas abiertas por un mercado limpio y transparente.
