Colombia vive un momento fiscal que muchos sienten, pocos entienden y casi nadie se atreve a nombrar con claridad. Pero las señales están ahí, alineadas con una precisión que rara vez es casual: la reforma tributaria ya comenzó, no en una sola ley, sino en una secuencia quirúrgica de medidas que están preparando el terreno.
La primera señal es la naturaleza del hueco fiscal. No se trata de un simple desbalance temporal: la brecha de caja proyectada para 2026–2027 exige recaudo inmediato, sostenido y políticamente manejable. Esa necesidad —no declarada, pero evidente— es el punto de partida de toda reforma silenciosa: cuando el déficit no se puede cubrir ni con recortes ni con deuda, el país gira inevitablemente hacia ajustes tributarios.
La segunda señal aparece en la arquitectura temporal: un paquete de choque por 12–18 meses, acompañando medidas permanentes de control. ¿Por qué un horizonte tan corto? Porque es el suficiente para captar recaudo rápido sin enfrentar el desgaste político de una gran reforma. Es una ventana quirúrgica, diseñada para entrar y salir antes de que el ruido legislativo la corrompa.
La tercera señal está en las normalizaciones y amnistías. En Colombia estas herramientas NO se activan por capricho: aparecen solo cuando el Estado necesita liquidez inmediata. Pero en esta ocasión vienen condicionadas, únicas, sin repeticiones posibles, con trazabilidad bancaria y exclusiones estrictas. Ese nivel de precisión no es casualidad: forma parte de un mensaje oculto pero nítido —“última oportunidad antes del ajuste grande” —.
La cuarta señal está en la DIAN. Cuando la entidad combina en un mismo periodo:
- facilidades de pago,
- condonaciones parciales,
- depuración masiva de cartera,
- y auditorías digitales segmentadas por riesgo,
no estamos ante acciones aisladas: estamos viendo el esqueleto de una reforma antes de su anuncio formal. La DIAN se está preparando para un modelo más automatizado, más punitivo para el informal reincidente y más amigable para el cumplido que quiere ponerse al día.
La quinta señal —quizás la menos comentada— es el mensaje político: el Gobierno necesita recaudar sin incendiar al Congreso. Por eso, evita nuevos impuestos, reduce costos políticos, apuesta a beneficios condicionados y deja la puerta abierta a ajustes estructurales sólo cuando el ambiente esté más estable.
Mientras tanto, los sectores formales —incluido el juego legal— empiezan a ubicarse como beneficiarios naturales: pagan, reportan, trazan, cumplen. En un país que va hacia la fiscalización digital total, estar del lado correcto no solo importa: será rentable.
Estas son las primeras señales. Son claras, son coherentes, y todas apuntan a lo mismo: la reforma tributaria ya comenzó, disfrazada de medidas técnicas, esperando que el país despierte a la realidad fiscal que viene.
