El pulso judicial por el salario mínimo de 2026 escaló este 14 de enero: el Consejo de Estado admitió la primera demanda de nulidad contra el Decreto 1469 del 29 de diciembre de 2025, con el que el Gobierno fijó el aumento para este año. El expediente quedó asignado al magistrado Luis Eduardo Mesa Nieves, en la Sección Segunda.
La demanda sostiene que el Ejecutivo incurrió en “falsa motivación” y “desviación de poder”, al no sustentar el incremento con los parámetros previstos en la Ley (inflación, meta de inflación, productividad, contribución de los salarios al ingreso nacional y crecimiento del PIB), y en su lugar aplicar una lógica de “cierre de brecha” basada en el concepto de “salario vital” promovido por el Gobierno.
La controversia no es menor: según reportes publicados hoy, ya se acumulan nueve demandas de nulidad y seis tutelas contra el decreto que dejó el salario mínimo en $2.000.000 para 2026 y un incremento que el Gobierno defendió como “salario vital”. Los demandantes alegan impactos sobre pequeñas empresas, empleo formal e informalidad, y piden medidas para frenar efectos mientras se decide el fondo.
En el frente de tutelas, también hubo señales: un juzgado en Bogotá rechazó una solicitud de suspensión provisional, y el Gobierno afirmó que otro despacho en Cúcuta negó una tutela contra el mismo decreto, manteniendo su vigencia mientras avanzan los procesos. El antecedente que más pesa es 2016: el Consejo de Estado no suspendió el incremento al inicio para no afectar pagos, pero después anuló el decreto por fallas de motivación y exigió mayor claridad técnica al fijar el mínimo. Ese precedente es el que ahora vuelve al centro del debate.
