Bolivia.- La empresa Bingo Bahiti exigió ayer a la Autoridad de Fiscalización y Control Social del Juego (AJ) cumplir con la decisión del Tribunal Constitucional y que dejó sin efecto la Ley 060 (Ley de Juegos de Lotería y de Azar) hasta que concluya el trámite de la causa legal.

Carlos Durán, defensa de Bahiti, rechazó las recientes declaraciones de la Autoridad de Fiscalización y Control Social del Juego (AJ), Mario Cazón, en sentido de que a partir del 29 de junio, sólo podrán operar las casas de juego que cuenten con autorización emitida por la AJ y aquellas que hayan adecuado su funcionamiento a la Ley 060.

“Instamos a la AJ a acogerse a lo que señala la Constitución Política del Estado, que establece en su art. 202, inciso 3, que el Tribunal Constitucional debe ser quien conozca y resuelva los conflictos de competencia entre el Gobierno y las entidades autónomas, como es la Alcaldía de Santa Cruz”, dijo. Durán explicó que de esta manera, “insinuamos a la AJ a no propiciar ninguna acción que vulnere los derechos de las empresas que se encuentran funcionando en el marco de la ley, pues cualquier posible decisión, que contravenga el normal proceso jurídico, se sancionará con la nulidad de lo obrado, de acuerdo al art. 123 de la Ley del Tribunal Constitucional”. Recordó que el 28 de diciembre de 2010, la Sala Penal Tercera de la Corte Superior de La Paz admitió un amparo constitucional, interpuesto por la empresa Corhat SA y Bahiti SA que otorga medidas cautelares para que el Ministerio de Salud, Lotería Nacional, el Servicio de Impuestos Nacionales, el Ministerio Público y Policía Nacional se abstengan de limitar la medida cautelar de la empresa.

Algunos detalles

Proceso La defensa de Bahiti recuerda que el 7 de enero de 2011, la Sala Penal Tercera dispuso que al haberse interpuesto un Recurso Incidental de Inconstitucionalidad, la medida cautelar dispuesta en el marco del artículo 99 de la Ley 1836 se mantiene vigente y subsistente, en favor de la Empresa Corhart SA y Empresa Bahiti SA hasta que el Tribunal Constitucional pronuncie la sentencia.

Dato Señala que la Sala Penal Tercera mediante Auto dispone la devolución de obrados al Tribunal Constitucional.