La ley que legalizo al juego en España lleva siete años ya en vigencia, y durante este periodo el Ministerio de Hacienda ha expuesto siempre la necesidad de hacerle constantes actualizaciones a la ley en lucha contra el fraude en los juegos de suerte y azar.
De esta manera, el pasado 19 de octubre el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de “La Ley Antifraude”, en donde un apartado esta dedicado a la industria del juego, allí se plantean medidas específicas para combatir el uso de las páginas ilegales, junto con el amaño de partidos.
Estas medidas en especifico son en primer lugar, que el regulador español va a tener acceso a los datos de identidad de los jugadores, que manejan las diferentes federaciones deportivas españolas, en pro de controlar el cumplimiento de las normas o regulaciones que se han impuesto para evitar esos flagelos.
La DGOJ (Dirección General de Ordenación del Juego) estaría también autorizada a exigir información, pero a los operadores de apuestas deportivas, quienes deberán cumplir con un manual que incluye los procedimientos y medidas antifraude.
"Los operadores deberán informar a la autoridad encargada de la regulación del juego sobre las operaciones detectadas como fraudulentas y sobre la identidad de los jugadores que participen en ellas".
Hasta ahí en lo referente a como se involucrarían las dos autoridades correspondientes frente al antifraude, sin embargo, queda lo que sucedería con los incumplimientos o infracciones entre ellas, enmascarar un IP o mejor conocido como el uso de VPN para el ingreso a plataformas no autorizadas de juego. La multa por hacerlo puede ascender hasta los 100.000 euros.
Además, las criptomonedas también entrarán a este régimen, los contribuyentes españoles que no declaren la posesión de criptomonedas en el extranjero se enfrentan a 5.000 euros de multa por cada dato falso, inexacto o que se omita en la Declaración de Bienes en Extranjero.
