Definitivamente, la Corte Constitucional tumb? la Emergencia Social, al declarar inexequible el decreto mediante el cual el presidente Alvaro Uribe adopt? la medida para superar la grave crisis financiera del sector salud.

Tal como se hab?a anticipado, 7 magistrados del alto tribunal votaron a favor del hundimiento del llamado decreto madre de la emergencia, el 4975 de diciembre de 2009, mientras 2 lo hicieron en contra.

Fueron ellos, Jorge Pretelt y Mauricio Gonz?lez Cuervo, este ultimo presidente de la corporaci?n

La decisi?n de la Corte Constitucional provoca un efecto domin? en los 24 decretos dictados al amparo de la emergencia, incluidos los que incrementaron los impuestos a los licores, cigarrillos y juegos de azar.

Todos quedan sin efecto, es decir, pierden vigencia.

El gobierno nacional, entre tanto, anunci? un plan B, para superar el rev?s, que incluye la presentaci?n al congreso de la rep?blica los proyectos de ley que le den vida legal a esas mismas medidas de la emergencia social.

Con la emergencia y los decretos reglamentarios se busco en primera instancia generar nuevos recursos por un bill?n de pesos, a trav?s de impuestos a cerveza, licores, cigarrillos y juegos, para pagar servicios de salud que est?n por encima del Plan Obligatorio de Salud (POS).

Igualmente dar nuevas facultades a los departamentos para que aumentaran los ingresos para la salud, como, por ejemplo, la facultad de operar juegos novedosos.

Evitar la quiebra de los departamentos con la creaci?n de un Fondo para pagar servicios que est?n por encima del POS.

Elevar el plan de beneficios del R?gimen Subsidiado para ponerlo al mismo nivel del R?gimen Contributivo.

Establecer que los colombianos afiliados al R?gimen Subsidiado fueran atendidos no solo en el municipio de origen sino en todo el territorio nacional.

Otras de las medidas ten?an los siguientes objetivos:

Adoptar el mecanismo de Giro Directo de los recursos desde la Tesorer?a de la Naci?n y el Fosyga, sin tr?mites y sin intermediarios, al ?ltimo beneficiario del sistema.

Disminuir los costos financieros y aumentar? el ahorro, evitando las fugas de recursos ocasionada por la demora en los pagos.

Establecer nuevos est?ndares y gu?as para los m?dicos y odont?logos, que ya no provendr?an de las EPS, sino de las sociedades cient?ficas de los mismos m?dicos y odont?logos.

Las EPS eran sometidas a una reglamentaci?n rigurosa, que incluye c?rcel para el funcionario de una EPS que, dolosamente, ponga en riesgo la vida de un ciudadano.

Permitir que el Gobierno pudiera intervenir cuando se presentaran abusos en los precios de los medicamentos.

Darle la facultad a la Superintendencia Nacional de Salud de intervenir EPS que violaran normas o incumplieran sus obligaciones.

Adoptar nuevas medidas para combatir la evasi?n de impuestos de la salud a trav?s, por ejemplo, de la operaci?n de juegos ilegales.

Evitar tr?mites innecesarios en el cobro del seguro de accidentes de tr?nsito autorizando, por ejemplo, que los hospitales cobren recursos directamente a las aseguradoras.

Generar nuevos recursos para la prevenci?n del consumo de drogas y la rehabilitaci?n de drogadictos.

Establecer el anticipo de recursos para darle liquidez al sistema de salud.

Autorizar un proceso ?gil y transparente de conciliaci?n para resolver pleitos entre actores del sistema.

Exigir que el POS fuera actualizado permanentemente al reconocer que las enfermedades evolucionan y tambi?n la ciencia m?dica.

Dar mayores posibilidades a m?dicos y odont?logos de mejorar su remuneraci?n

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