El 20 de enero de 2025, el presidente Gustavo Petro declaró el estado de conmoción interior en la región del Catatumbo, un mecanismo constitucional que le permite emitir decretos con fuerza de ley para abordar crisis de seguridad o desórdenes públicos.
Aunque esta medida está directamente enfocada en enfrentar la violencia entre el ELN y las disidencias de las FARC, su impacto podría trascender las fronteras del conflicto armado y generar efectos colaterales en sectores económicos estratégicos, incluida la industria del juego.
Desde el inicio de su mandato, Gustavo Petro ha mantenido una postura crítica hacia las apuestas deportivas. En septiembre de 2024, el gobierno propuso un IVA del 19% para las plataformas de apuestas en línea, argumentando que estas debían contribuir más al erario público. Sin embargo, esta propuesta desató una tormenta en el sector: gremios como Fecoljuegos señalaron que la carga impositiva podría inviabilizar a la industria formal, promoviendo las apuestas ilegales y poniendo en riesgo más de 150.000 empleos directos e indirectos.
Aunque el IVA fue retirado de la reforma tributaria en diciembre de 2024, la relación entre el gobierno y la industria del juego quedó marcada por tensiones. Petro incluso acusó a los lobbies de las apuestas de "sabotear la reforma tributaria", lo que evidencia una brecha ideológica que no puede ser ignorada.
El estado de conmoción interior otorga al presidente facultades extraordinarias para legislar sin la necesidad de aprobación del Congreso, siempre y cuando las medidas estén justificadas por la crisis que lo motivó. Esto abre la puerta a decisiones que, aunque inicialmente estén enfocadas en la seguridad, podrían tener repercusiones en áreas como la economía y los impuestos.
En este contexto, surgen preguntas relevantes. ¿Podría el gobierno utilizar estas facultades para imponer nuevas regulaciones al sector del juego? Dado el historial de antagonismo con las apuestas deportivas, no sería descabellado pensar en medidas que busquen limitar la operación de este mercado bajo argumentos éticos o sociales.
Petro ha sostenido en varias ocasiones que las apuestas pueden exacerbar problemas de desigualdad, un tema central en su discurso.
Además, ¿qué tan vulnerables están los ingresos tributarios provenientes del juego? En 2023, los juegos de azar aportaron cerca de 700.000 millones de pesos al sistema de salud colombiano. Cualquier medida que desestabilice al sector podría afectar gravemente este flujo de recursos en un momento en el que el gobierno enfrenta restricciones fiscales.
El gobierno podría optar por gravar de manera más agresiva sectores como la minería o los hidrocarburos, postergando las discusiones sobre la industria del juego. Sin embargo, esto dependerá de cómo evolucione la crisis y de las presiones políticas internas.
Si bien la conmoción interior no está diseñada para abordar problemas económicos, las facultades que otorga son amplias y podrían tener efectos inesperados.
Para el sector del juego, el riesgo radica en la percepción de ser un actor prescindible o problemático. Sin embargo, también hay oportunidades. Los gremios del sector pueden reforzar su narrativa de que son aliados estratégicos del Estado en términos de generación de empleo y recursos para la salud pública. Además, la industria podría adelantarse proponiendo mecanismos de autorregulación que mitiguen los riesgos sociales asociados con las apuestas, mejorando su reputación ante el gobierno.
Aunque la conmoción interior no parece tener un impacto inmediato sobre la industria del juego, el trasfondo ideológico del presidente Petro y las tensiones previas invitan a la cautela. Este sector debe estar preparado para enfrentar posibles cambios regulatorios, fortaleciendo su capacidad de diálogo con el gobierno y demostrando su contribución al desarrollo del país.
En tiempos de incertidumbre, la proactividad será la mejor estrategia para asegurar su sostenibilidad.
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