A propósito del Carnaval … el presidente Gustavo Petro ha encontrado un nuevo enemigo: las apuestas deportivas. En sus recientes declaraciones, ha acusado a este sector de operar en una alianza con la política local en Barranquilla, sugiriendo incluso vínculos con economía ilegal. Pero, más allá de las palabras grandilocuentes, la gran pregunta es: ¿por qué esta fijación contra la industria del juego?
En la política de Petro, las apuestas deportivas parecen ser el chivo expiatorio perfecto. Su gobierno, en busca de mayor recaudo fiscal, ha intentado imponer impuestos adicionales al sector, sin considerar el impacto que esto podría tener en la formalidad del mercado. La industria de las apuestas online en Colombia ya contribuye significativamente a la economía, generando empleo y aportando a la salud pública a través de Coljuegos. No obstante, el presidente insiste en demonizar un sector que opera bajo regulaciones estrictas y que, paradójicamente, podría verse debilitado si las cargas tributarias ahogan su competitividad frente al mercado ilegal.
La estrategia de Petro también se alinea con su discurso populista, donde el "capitalismo desmedido" siempre es el villano. Sin embargo, hay una razón de fondo que podría explicar esta embestida: el control sobre el flujo de dinero. Las apuestas deportivas movilizan grandes sumas de capital de manera rápida y descentralizada, lo que podría representar un obstáculo para un modelo económico más centralizado que Petro busca imponer.
Al afectar este sector, el gobierno podría redirigir esos recursos hacia esquemas fiscales más controlados y estatales, favoreciendo su visión de una economía más regulada y dependiente del Estado.
Pero, ¿hay algo más detrás de esta persecución? A lo largo de su mandato, Petro ha enfrentado acusaciones de perseguir a opositores y sectores que no respaldan su agenda. Figuras como el expresidente Iván Duque han insinuado que su gobierno podría estar utilizando inteligencia estatal para afectar a sus detractores, aunque sin pruebas concretas. Petro ha negado estas acusaciones, asegurando que no repetirá las prácticas del pasado en las que la fiscalía se usaba para extorsionar a la oposición.
Incluso dentro de su propio gobierno, voces como la de la vicepresidenta Francia Márquez han denunciado amenazas tras exponer corrupción interna. A esto se suma el debate sobre la posible reelección de Petro, un tema que él ha negado tajantemente, aunque algunos aliados han sugerido reformas para permitirla.
Ante el fallido intento de aumentar el control estatal sobre los recursos mediante la reforma tributaria, el ataque al sector del juego podría estar motivado por un interés más pragmático: presionar a los grandes operadores para recibir financiamiento por debajo de la mesa o garantizar apoyos políticos en su camino a consolidar el poder.
Atacar un sector económicamente fuerte como el de las apuestas deportivas no parece ser una coincidencia. Se trata de una industria con capacidad de movilizar recursos y ejercer influencia en el panorama político y mediático. Al mantener una ofensiva constante contra ella, Petro no solo busca imponer una narrativa de lucha contra el supuesto poder corrupto de las casas de apuestas, sino también asegurar que aquellos que quieran operar en el país deban negociar directamente con su administración.
Demonizar la industria del juego no la hará desaparecer, pero sí podría trasladarla a la clandestinidad. Antes de seguir atacando, el gobierno debería preguntarse si está dispuesto a perder un sector que aporta millones en impuestos y empleo. ¡Eso sí sería una verdadera apuesta arriesgada!
