Es que Nicaragua, al igual que Costa Rica, Panamá, Guatemala, Colombia, Perú, Paraguay, Uruguay y Chile se ven asolados por la misma enfermedad: La proliferación de máquinas con monederos, de dudoso origen, baja calidad de manufacturación y peor concepción tecnológica, que se instalan en cualquier punto más o menos neurálgicos de los centros urbanos y estafan sistemáticamente a ilusos que creen probar suerte frente al azar.
Ni las autoridades políticas, ni los responsables de la justicia, ni las fuerzas policiales, ni las organizaciones sociales hacen su trabajo adecuadamente, ya sea por deconocimiento, por incapacidad o por complicidad. Los auténticos empresarios de la industria de los juegos de azar que en algún momento alzan la voz reclamando ante la autoridad reguladora, lo hacen desde el menos importante de los argumentos: deben competir con operadores ilegalmente instalados y que no pagan impuestos.
No se dice que éstos ingenios dejan sin trabajo a gente de la comunidad que podría ser legalmente empleada en salas de juego instaladas acorde a la legislación y las particularidades de la actividad. Que están al alcance y sin control, no sólo de menores de edad, sino de párvulos e infantes que ni siquiera tienen conciencia del valor del dinero y que simplemente se sienten émulos de los adultos que juegan por dinero.
Ni se menciona que se trata de dispositivos que lejos de ser azarosos, no son ni siquiera probabilísticos. Que cuando incluyen una opción de pago de premios está a menos de un 50 % de los jugado y rejugado en la misma máquina y que muchas veces el dispositivo de ésos pagos, seteado para pagar “poco, mal y nunca”, algunas monedas, no tiene relación sistémica alguna con la máquina de juego y menos aún con el propio receptáculo de monedas al que ingresa su dinero el desprevenido atrapado por las propuesta de la máquina.
Nicaragua, con la puesta en marcha de esta ley, apunta a combatir esta enfermedad social, logrando ordenar y controlar mejor los negocios de casinos y salas de juego, y de esta forma generando para el gobierno mayores ingresos fiscales. Dentro de 150 días, las pulperías, farmacias y bares no podrán tener las nocivas tragamonedas que están afectando la salud mental de los niños y adolescentes y hasta los adultos desprevenidos que creen que estas máquinas son similares a las instaladas en salas de juego y casinos legales y ordenadamente establecidos.
Antes de que finalice el año 2011 las empresas de casinos y juegos podrán tener el permiso para funcionar como mínimo con 10 máquinas según establece una de las categorías de la ley publicada. La Ley 766, o Ley Especial para el Control y Regulación de Casinos y Salas de Juegos fue publicada en La Gaceta, Diario Oficial, el pasado martes.
La ley dispone que una vez publicada en el Diario Oficial entrará en vigencia 150 días después, es decir a inicios de diciembre próximo. Y a partir de allí, se logrará – si las autoridades se disponen a cumplir con las leyes que se sancionan - un mejor orden y control del negocio de casinos y salas de juegos, eliminando los emplazamientos informales, así como máquinas tragamonedas aisladas en pequeños negocios.
La ley establece que la autoridad de aplicación será el Instituto Nicaragüense de Turismo (Intur), por medio de una Dirección de Casinos y Salas de Juegos que se creará a partir de la legislación y que será regida por el Consejo Directivo de Intur.
El diputado sandinista Wálmaro Gutiérrez, presidente de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto —la cual dictaminó la ley — indicó que actualmente el Intur todavía tiene una “capacidad limitada” para actuar, pues el Poder Ejecutivo no ha reglamentado la legislación. Dispone de 60 días para hacerlo.
A criterio de Gutiérrez el proceso de ordenamiento del sector tendrá que empezar desde antes que entre en vigencia la ley, por la dimensión del trabajo que se requiere. Pero dichas normativas serán aplicables hasta que la ley entre en vigencia, por lo cual lo más prudente es esperar hasta que la legislación sea reglamentada y rija plenamente.
“Lo que sí puede hacer el Intur, desde el punto de vista administrativo, es ir creando las condiciones, preparándole una propuesta de reglamento al ejecutivo, haciendo todos los pasos preparatorios de aquí hasta que entre en vigencia la ley”, sugirió.
La Ley 766 ha generado expectativas porque, además de regular las salas de juegos y casinos, incrementaría los ingresos fiscales. Según estimaciones preliminares el aporte anual del sector pasaría de US$ 1.7 millones a US$ 4.6 millones, es decir, más de 100 millones de córdobas.
La normativa pretende regular la importación de las máquinas tragamonedas y juegos y dejar claras las reglas que deben de seguirse para la instalación de infraestructura y el capital que se necesita para invertir en ese ramo.
Otros artículos del Autor:
