Durante décadas, los mercados de los juegos de azar evolucionaron en gran medida bajo las reglas de los operadores y el capital privado. Sin embargo, en la actualidad, la política se ha convertido en el actor más influyente, determinando la trayectoria de la industria a nivel global. Desde América Latina hasta el sudeste asiático y Europa, los gobiernos están ejerciendo un control cada vez mayor sobre las apuestas y los casinos, impulsados por imperativos fiscales, preocupaciones sociales y la búsqueda de legitimidad regulatoria.
Consideremos el caso de Brasil, donde el choque entre la política y los juegos de azar es evidente. Aunque el sector de las apuestas en línea ha prosperado, generando miles de millones en ingresos y en impuestos federales destinados a programas sociales, el Senado ha pospuesto la legalización de los casinos y salas de bingo. En este escenario, la política no actúa solo como un árbitro, sino como un guardián que decide qué verticales prosperan y cuáles quedan en el limbo.
Un ejemplo aún más contundente de esta influencia política se observa en Ecuador. En un esfuerzo por reactivar los casinos y salas de juego en hoteles de lujo, el gobierno propuso una consulta popular que también incluía la creación de un impuesto del 25% sobre las ventas para financiar la lucha contra la desnutrición infantil. Sin embargo, la Corte Constitucional de Ecuador detuvo este plan. El tribunal argumentó que la propuesta no cumplía con los principios de "unidad de materia y claridad electoral" al fusionar la reapertura de casinos, un nuevo impuesto y su destino social en una sola pregunta, lo que atentaba contra la libertad de decisión del votante. Este fallo judicial demuestra que la política, en su expresión judicial, puede frenar de manera contundente los planes gubernamentales y empresariales, exigiendo debates más sólidos y ordenados.
En Colombia, un ejemplo reciente de esta intervención política es la imposición de un IVA del 19% sobre los depósitos de las apuestas en línea. Esta medida, adoptada por el gobierno, busca generar recursos adicionales para el sistema de salud. Sin embargo, los gremios de operadores de juegos de azar han manifestado su preocupación, argumentando que este impuesto, al aplicarse sobre el depósito y no sobre los ingresos reales del operador, podría desincentivar a los jugadores y, paradójicamente, reducir los aportes que el sector hace a la salud pública a través de los derechos de explotación. Este caso subraya cómo una decisión política, aunque bien intencionada, puede generar consecuencias económicas y fiscales imprevistas, afectando tanto la sostenibilidad del negocio como el flujo de los recursos sociales que se busca proteger.
En Tailandia, por su parte, el gobierno ha dado un giro dramático. El Primer Ministro Srettha Thavisin apoyó la legalización de resorts integrados para impulsar la economía. En 2025, el parlamento tailandés avanzó la legislación para autorizar hasta cinco de estos complejos, con una inversión mínima de 3 mil millones de dólares cada uno. La meta no es solo la recuperación del turismo, sino también una recalibración de los flujos de ingresos nacionales. Aquí, el liderazgo político actúa como un catalizador, transformando la estructura misma del mercado.
Europa, en cambio, ilustra los riesgos de la sobrepolitización. Un estudio de 2025 reveló que el 71% de los ingresos por apuestas en línea fluyen hacia operadores sin licencia, lo que se traduce en una pérdida estimada de 20 mil millones de euros en ingresos fiscales. Las regulaciones fragmentadas y politizadas, como el endurecimiento de las reglas publicitarias en los Países Bajos o la prohibición de anuncios en Italia, empujan a los consumidores hacia el mercado negro. La paradoja es clara: una supervisión más estricta, impulsada por la política, termina alimentando los mismos mercados ilícitos que se buscan suprimir.
Para Estados Unidos, la lección es inequívoca: el impulso político es inseparable de la economía de los juegos. Ya sea en las batallas estatales por la expansión de las apuestas deportivas en línea o en los debates sobre impuestos, los políticos están ejerciendo una influencia sin precedentes. Inversores y operadores ahora deben considerar la volatilidad política como una variable central en su planificación estratégica.
La política siempre ha moldeado los juegos de azar, pero nunca con un impacto tan directo en las estructuras del mercado, los flujos de inversión y el acceso de los consumidores. La bonanza fiscal de Brasil, las ambiciones de Tailandia, la paradoja del mercado negro en Europa, y ahora el freno constitucional en Ecuador y la nueva fiscalidad en Colombia, refuerzan una verdad singular: en 2025, los gobiernos no son solo reguladores, sino los actores dominantes en la mesa de juego.
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