Cuando el Gobierno informó que había llegado a un acuerdo sobre las prioridades de la agenda legislativa con la Mesa de la Unidad Nacional -en la que están representadas las bancadas parlamentarias cercanas a la Casa de Nariño-, uno de los 15 proyectos identificados fue el que creó el mayor debate. Contra lo que pudiera creerse la discusión no se dio en torno a la reforma tributaria o al acto legislativo sobre el fuero militar, para solo mencionar un par de ejemplos.

En cambio, los medios le dedicaron un gran espacio a la idea de quitarle tres ceros al peso. No es la primera vez que la iniciativa de meterle mano a la moneda de curso legal se discute en Colombia. Sin remontarse a las épocas de la independencia, vale la pena recordar que en 1933 se quiso crear el ‘Santander’, y que a comienzos de este siglo, una propuesta del hoy fallecido senador José Jaime Nicholls, de darle origen al ‘nuevo peso’, estuvo a punto de ser aprobada en el Capitolio, pues solo le faltó la luz verde de la plenaria de la Cámara.

En aquella oportunidad, por cierto, la propuesta contó con el respaldo del Banco de la República y del ministro de Hacienda, Juan Manuel Santos. Tanto el Emisor como el Ejecutivo argumentaron que los beneficios del cambio eran muy superiores a los costos y respaldaron sus afirmaciones con encuestas que mostraban que los colombianos estaban de acuerdo.

Tales razones fueron de nuevo esgrimidas en el 2010, cuando el asunto se volvió a discutir en el Congreso. La principal justificación fue el anuncio de que se emitiría un billete de 100.000 pesos -algo que finalmente no sucedió-, pero en este caso el entusiasmo fue menor que en la oportunidad previa, pues el texto naufragó en el segundo debate de los cuatro reglamentarios.

Con esos antecedentes, no hay que dar por sentado que esta vez sí habrá humo blanco. La razón es que se trata de una variación que tiene mucho de cosmética, sin que la utilidad sea evidente en un país en el cual hay estabilidad cambiaria y la inflación se encuentra bajo control. Para decirlo con claridad, estamos lejos del caso de Argentina, que ha utilizado esta herramienta en 12 oportunidades o de Brasil, que lleva cinco.

Aun así, los académicos insisten en que es necesario poner en la balanza lo bueno y lo malo del ‘nuevo peso’. Dentro de lo positivo, se cita la disminución de los costos de transacción que equivalen a tiempos más cortos a la hora de registrar operaciones o almacenar los registros contables.

Cuánto vale el menor lapso de digitación? En el 2001, el Ministerio de Hacienda sostuvo que el ahorro estaría entre el 0,1 y el 0,5 por ciento de los servicios dentro del Producto Interno Bruto. En valores actuales, esto sería equivalente a 1,5 billones de pesos en el primer año.

Aparte de hacer todo más fácil, hay otro elemento que vale la pena tener en cuenta. Una moneda diferente obligaría a una sustitución del efectivo viejo por el nuevo, lo cual podría impactar la economía subterránea e identificar riquezas escondidas.

Pero ese esfuerzo no sale gratis. Hace un par de años el Banco de la República hizo un estimativo de 221.638 millones de pesos, que resulta de cambiar las planchas y materiales de los billetes (1.960 millones), de una campaña educativa (32.000 millones) y del reemplazo de las monedas (187.678 millones de pesos), ya que en esa oportunidad había 1.755 millones de piezas metálicas. A lo anterior, hay que agregarle el peligro del redondeo en las cifras que puede impactar el nivel de precios, así como la confusión inicial o el ajuste a los programas de contabilidad.

Tales son los elementos que hay que sopesar en una discusión que tiene pros y contras, y que, a la luz de lo dicho hasta ahora, promete ser un tema -valga la redundancia- de mucho peso.

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