La Operación Argenta empieza a dar frutos en distintos departamentos del país, durante mucho tiempo la lucha contra la ilegalidad ha sido muy complicada debido a la falta de brazos que tienen las autoridades para atender las miles de implicaciones que existen en el país como robos, contrabando, delitos mayores y otro tipo de situaciones de emergencia que las autoridades deben tener en su radar.
La pandemia generó una peligrosa innovación como la práctica a través de redes sociales y canales de distribución de mensajería de texto de juegos ilegales que crecieron de forma exponencial en cuarentena el año pasado, a tal punto que se estima que los recaudos por el tributo de esta actividad cayeron hasta en un 40% dejando un vacío en las finanzas de los departamentos que sostienen la salud de los habitantes de los territorios.
Anualmente se dejan de percibir en las gobernaciones de todo el país más de 2.5 billones de pesos según cálculos de Fedesarrollo y Coljuegos.
La Fiscalía, anuncio entonces su participación en la caza de organizaciones que se dedican a desfalcar a los departamentos y a quedarse con millones de pesos que según las investigaciones “engordan” a los criminales que usan muchas veces estos recursos ilícitos para comprar armas, combustibles robados e incluso narcóticos. Tomando entonces la decisión de ir tras los bienes de las bandas criminales y en un hecho sin antecedentes abrió el proceso de la extinción de dominio de las propiedades que les detectaron a estas células que afectan a los ciudadanos en los departamentos de Bolívar, Valle del Cauca, Norte de Santander, Caldas, Risaralda y Quindío.
Entre casas, carros, talonarios y decenas de millones de pesos en efectivo producto de la venta ilegal de juegos de suerte y azar fueron algunas de las cosas que se han obtenido como resultados.
La Fiscalía afirma que seguirá desarticulando bandas que se dedican a esta actividad e imputará ante los jueces de la república a los capturados que caigan en sus operativos, e incluso acusará a quienes usen los celulares para propagar juegos ilegales. De esta manera este delito se convierte en uno con prioridad porque en muchos casos la acción de los delincuentes ponen en riesgo indirectamente la vida de los ciudadanos.
