El Congreso de Coahuila ha intensificado su lucha contra el juego ilegal al proponer reformas al Código Penal estatal para sancionar severamente la operación de máquinas tragamonedas, conocidas como "mini casinos".
La iniciativa, presentada por la diputada Zulma Verenice Guerrero Cázares de la Unidad Democrática de Coahuila (UDC), busca tipificar el delito de "Operación de Juegos de Azar No Autorizados" con penas de prisión de dos a cuatro años y multas que oscilan entre 3,000 y 5,000 días de salario mínimo.
Estas medidas surgen en respuesta a la proliferación de máquinas tragamonedas en establecimientos como misceláneas y tiendas de abarrotes, especialmente en barrios y zonas populares. A pesar de la prohibición establecida en 2012 sobre el uso de suelo para casinos y centros de apuestas, estos dispositivos han continuado operando de manera clandestina, representando una amenaza para la economía de las familias más vulnerables y fomentando la ludopatía, afectando particularmente a menores de edad y amas de casa.
Estudios recientes indican que la operación de máquinas tragamonedas ilegales en México genera ingresos aproximados de 600 millones de pesos semanales, lo que equivale a más de 31,000 millones de pesos anuales. Al operar fuera del control estatal, estos ingresos pueden ser utilizados para financiar actividades ilícitas como el narcotráfico y el lavado de dinero, fortaleciendo redes delictivas que impactan negativamente en la seguridad y estabilidad social.
En agosto de 2024, las autoridades de Coahuila llevaron a cabo un operativo en el que se decomisaron más de 200 máquinas tragamonedas ilegales en diversas regiones del estado. Estos dispositivos, además de ser ilegales, suelen ubicarse en zonas con altos índices delictivos, sirviendo como medios para el lavado de dinero y la financiación de actividades criminales.
La propuesta legislativa también busca proteger la salud pública, ya que la ludopatía asociada al uso de estas máquinas puede derivar en problemas como ansiedad, depresión y desintegración familiar. Al endurecer las sanciones contra quienes operen o lucren con estos dispositivos, Coahuila reafirma su compromiso de salvaguardar el bienestar de sus ciudadanos y combatir frontalmente las actividades ilegales relacionadas con el juego.
