El mercado colombiano de apuestas online enfrenta uno de sus litigios regulatorios más importantes desde la apertura del sector. El Consejo de Estado decretó la suspensión provisional de varias disposiciones de la Resolución 20231000019054 del 20 de octubre de 2023, expedida por Coljuegos, que regula la publicidad, promoción, patrocinio y comunicación comercial de los operadores autorizados de juegos operados por internet.
La acción fue promovida por SORA Lawyers, firma especializada en regulación, tecnología y gaming, que cuestionó la legalidad de varios apartados de la norma por considerar que excedían las facultades regulatorias del ente administrador del monopolio rentístico.
La regulación había entrado en vigor el 1 de enero de 2024 y establecía límites a la inversión publicitaria, obligaciones de reporte de campañas, controles sobre promociones, exigencias de información periódica y mecanismos de supervisión comercial para operadores de apuestas online. La decisión judicial suspendió provisionalmente algunos de esos requisitos, incluyendo disposiciones relacionadas con topes de gasto publicitario, reportes de marketing y determinadas consecuencias regulatorias asociadas a dichas obligaciones.
Marco Emilio Hincapié Ramírez
Sin embargo, el alto tribunal rechazó suspender otros elementos centrales de la regulación, especialmente la obligación de identificar claramente al operador autorizado en toda comunicación comercial y la facultad de Coljuegos para intervenir en aspectos relacionados con la explotación y comercialización del monopolio de juegos de suerte y azar.
El caso tiene relevancia porque el Consejo de Estado, aunque concedió parcialmente la medida cautelar, reconoció preliminarmente que la Ley 643 de 2001 y el Decreto 1451 de 2015 otorgan a Coljuegos competencias regulatorias sobre la actividad. La entidad es presidida por Marco Emilio Hincapié Ramírez, quien ha defendido públicamente el fortalecimiento de los controles sobre publicidad, juego responsable y lucha contra la ilegalidad. También permanecen vigentes las facultades sancionatorias derivadas de los artículos 38 y 44 de la Ley 643 de 2001, por lo que la suspensión no elimina la capacidad de supervisión del regulador.
Un elemento relevante es que, hasta el momento, no se ha publicado ampliamente el auto completo que permita identificar con certeza el magistrado ponente y la sección específica que adoptó la medida. Por la naturaleza jurídica del asunto, el expediente estaría tramitándose en la jurisdicción de lo contencioso administrativo encargada de controlar la legalidad de actos administrativos de carácter general, pero esa información debe confirmarse con el texto oficial de la providencia.
El proceso de nulidad continúa y el fallo definitivo determinará si los apartes suspendidos son anulados o si recuperan plenamente su vigencia, una decisión que puede redefinir el modelo de publicidad y adquisición de usuarios para los operadores de apuestas online en Colombia.
