Continua la ilegalidad en pie en Colombia, a pesar de haber una recuperación en este aspecto frente a años anteriores es evidente que desde el 2020 cuando comenzó la pandemia, los operadores legales han tenido que cerrar su negocio o incluso guardar en una bodega 50% de sus maquinas.
Esto le permitió a las bandas criminales y todos estos actores que viven en la ilegalidad, esperar hasta que estas restricciones le golpearan sus flujos de cajas obligando a los operadores legales vender ese parque de maquinas que no estaban usando pero que les permitiría sobrevivir un tiempo mas.
Sin embargo, las soluciones que ha dado el ente regulador, han sido las acciones de control a la operación ilegal en Colombia logrando muy buenos resultados; Recientemente Coljuegos en conjunto con la Policía Nacional, adelantó 174 acciones de control a las operaciones ilegales en los juegos de suerte y azar en la ciudad de Bogotá y 15 en la ciudad de Montería, en el marco de la estrategia de lucha contra la ilegalidad. Los operativos realizados en establecimientos comerciales del Distrito Capital, se adelantaron en las localidades de Suba, Ciudad Bolívar y Engativá y permitieron el decomiso de 224 elementos de juegos de suerte y azar que operaban sin autorización de Coljuegos, cuya operación equivale a 5.887 millones de pesos colombianos que se dejaron de percibir en derechos de explotación para el fortalecimiento de la salud de los colombianos.
De la misma forma, Coljuegos realizó una serie de operativos en 15 establecimientos comerciales que operaban sin autorización del ente regulador en la ciudad de Montería, en el departamento de Córdoba, que permitieron el decomiso de 50 máquinas electrónicas tragamonedas que corresponden a 1.226 millones de pesos colombianos que se dejaron de recaudar por derechos de explotación.
Las sanciones estipuladas por estos actos delictivos, señalan que, por cada máquina electrónica tragamonedas encontrada en el establecimiento, se impone una multa de 80 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV), es decir 72.682.080 de pesos colombianos. Asimismo, que, para los juegos de suerte y azar, distintos a los localizados, cuya operación se haga directamente o por contrato de concesión, la sanción será de 300 salarios mínimos legales mensuales vigentes, por cada establecimiento, punto de venta, expendio o vendedor.
Además de las sanciones económicas, la Ley establece la inhabilidad para operar juegos de suerte y azar durante cinco años, la destrucción de los elementos de juego de suerte y azar sobre los cuales se adoptó la medida cautelar de retiro, y una pena de seis a ocho años de prisión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 312 del Código Penal.
