En argentina se busca incorporar para el presupuesto del 2021 por medio del ministro de finanzas Martín Guzmán (quien aparece en la foto), una mayor contribución a la Administración Pública por parte de los juegos de suerte y azar. El sector de apuestas deportivas y casinos en línea mueve hasta 2.400 millones de dólares según las últimas estadísticas oficiales publicadas por el gobierno.
Si bien este país tiene varios de los grandes servicios de apuestas, estos ahora verán disminuir sus ingresos de manera importante con este nuevo plan se busca reducir el número de apuestas clandestinas realizadas en el territorio argentino y el aumento de la cuota sobre las operaciones de cada usuario, pasando del 2% al 5%, por cada apuesta generada por algún usuario dentro de los proveedores utilizados en el mercado.
Pero aumentará en un 10% para las apuestas que involucren a una compañía o un sujeto con sede en un país que sea un paraíso fiscal.
Con todas estas premisas, la República de Argentina busca mejorar los números en cuanto a Presupuesto Nacional se refiere, además de optar por nuevos controles de vigilancia a una industria muy desarrollada dentro de sus fronteras. Con ello, quedaría observar los comportamientos adoptados por los distintos afectados, unos que, comenzando, no verían con buenos ojos la disminución de sus ingresos en sus negocios como consecuencia del aumento impositivo.
Ya que esto constituye una medida que puede suponer un cambio radical en muchísimos de los casinos online que quieran buscar nuevas ofertas de organismos reguladores de otros países para cambiar de aires y ver, con mejores ojos, como sus ingresos vuelven a números normales en cuanto a comisiones se refieren.
Una vez el sector esté legalizado y regulado, la propuesta prevé que el 95% de los ingresos generados se dirijan directamente a las provincias, mientras que el otro 5% financiará los planes de inversión propuestos por Arsat, una empresa estatal de servicios de comunicaciones.
Arsat adquirirá una pequeña porción de los ingresos por trabajar mano a mano con el gobierno, monitorizar la actividad y adquirir datos sobre los ingresos brutos de las empresas, ayudando al país a recaudar más recursos para el estado.
