Hace 2 años la corte constitucional le dio al congreso colombiano un tiempo de dos años para decidir si reglamentar o no la actividad económica de la pelea de gallos a través de Coljuegos, claro está que Coljuegos tenía que proteger el interés por esta actividad, pues 400 mil familias están vinculadas y a su vez inyectar más de 100 mil millones de pesos para la salud de los colombianos a través de Coljuegos.
Así pues, pasados los dos años, la Corte Constitucional, recientemente le dio el aval o luz verde a Coljuegos para que continúe con su labor en reglamentar dicha actividad, después de que terminará un pleito que iba más allá del beneficio económico que el país pudiera obtener por medio de esta.
Primeramente, para que la Corte Constitucional pudiera tomar esta decisión, se revisó una demanda contra la ley 774 de 2016 sobre protección animal, que excluyó de la protección del Estado a los toros, gallos, becerros y demás animales que participan en espectáculos artísticos, “desconociendo su calidad de seres sintientes”.
Permitiéndole dejar en firme la sentencia C-666 de 2010, que determinó que las corridas de toros y las peleas de gallos, entre otros espectáculos con animales, hacen parte de la cultura colombiana, por lo que inhibió que estas actividades sufrieran del calificativo de maltrato animal.
Hablando específicamente de las peleas de gallos, el proyecto plantea una serie de puntos que busca que estas actividades continúen, pero de una forma en la que se siga protegiendo al animal, entre ellas esta que:
- Las peleas no deben durar más de 8 minutos
- Cada pelea debe tener 3 árbitros, y cualquiera de ellos en un momento dado puede suspender o dar por terminada la riña.
- Como la idea es que el enfrentamiento no termine con la muerte de uno de los gallos, los jueces serán que los que van a determinar cuál ganó.
- Antes de cada pelea se debe presentar un certificado veterinario del animal, para garantizar su estado de salud.
"Por medio de la presente ley se regula lo concerniente al juego de gallos en Colombia, creando una normatividad y regulación adecuada con los cambios jurídicos sociales y culturales que propenden a la protección de los animales y la conservación de la cultura y tradición de los gallos finos de combate", dice el objeto del proyecto.
Así pues, la orientación del ente regulatorio para darle vía libre a esta actividad fue entender una realidad cultural de muchos años arraigada en el corazón de los municipios del país, por lo que se apoyo de los marcos culturales municipales o incluso regionales para que estas prácticas no se impugnaran de calificativos discriminatorios como maltrato animal sino como actos culturales que deben respetarse.
De esta manera, el arraigo cultural en Colombia pasa a dejar de ser solo un asunto de vestimentas, platos de comida, folclor, y avanza a una medida más profunda donde entran tradiciones que han permitido el entretenimiento e incluso enriquecimiento o manera actividad comercial que han permitido el sustento económico de miles de colombianos a lo largo de los años.
Finalmente, el tribunal logró establecer que el marco cultural de un municipio o región no se puede prohibir, además separando el tipo de animal que compite en esta actividad, pues entiende que son animales que nacen con bajo unas especificaciones genéticas únicas, por ejemplo al gallo fino de combate lo establece como un "animal de raza única y particular, que debe ser cuidado y alimentado de forma diferenciada y especial en comparación con los pollos domésticos o de consumo humano masivo, de los cuales se distancia por tener un comportamiento por naturaleza agresivo y competitivo".
