Coljuegos ha iniciado una auditoría urgente a la Lotería de Medellín después de que el premio mayor por COP 16.000 millones fuera entregado a la esposa del subgerente de la entidad. El hecho ha generado una tormenta mediática y dudas profundas sobre la transparencia del juego, encendiendo alarmas tanto en el sector como en la opinión pública.
El interventor nombrado para el proceso fue solicitado por el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar (CNJSA), con el objetivo de verificar la integridad del sorteo y revisar en detalle las condiciones técnicas, jurídicas y financieras de la operación. Sin embargo, el contexto político ha desatado suspicacias: la auditoría fue anunciada días después de la visita del presidente Gustavo Petro a Medellín, ciudad históricamente en tensión con el gobierno central.
¿Es una acción legítima por transparencia o una señal de intervención política en territorios incómodos para la Casa de Nariño?
El funcionario implicado ya renunció a su cargo, pero el escándalo no cesa. El sector del juego observa con preocupación la reacción del regulador, que ahora deberá demostrar que la investigación tiene fines técnicos y no retaliativos.
