Expertos estiman que se deben expedir 33 decretos.
Muchos contribuyentes siguen enredados con la reforma tributaria aprobada en diciembre, y ese es uno de los balances de seis meses de vigencia de una ley que buscó –entre otras– simplificar la vida a quienes pagan impuestos, El hecho de que la Dian tenga que acudir a múltiples decretos reglamentarios para explicar lo que quiso decir en una norma; la lentitud de ese mismo proceso y la necesidad de expedir un nuevo decreto para aclarar otro son algunos de los ‘tumbos’ que se están dando.
Ante este escenario, el director de la Dian, Juan Ricardo Ortega, indica que “se buscó cambiar todo el sistema. Esto, obviamente, es un tema de años y apenas van unos meses”.
Según la firma Deloitte, hacen falta al menos 33 decretos reglamentarios, para aclarar una gran parte de las medidas. Esa situación, según el exdirector de la Dian Horacio Ayala muestra que la reforma llegó cargada de imprecisiones. “Se crearon vacíos que deben ser llenados a través de decretos reglamentarios pero, hasta dónde –constitucionalmente hablando– será posible, porque los reglamentos no pueden ir más allá de lo que señalen las leyes”.
Fanny Kertzman, otra exdirectora de la Dian, si bien acepta que la introducción de tres nuevos impuestos (el Imán, el Imás y el CREE) implica un número amplio de reglamentos, estima que el panorama luce absurdo. “Sacan un decreto, luego ven que cometieron un error y seguidamente expiden otro para recomponer el primero”.
Así, el 25 de enero de este año, con la divulgación del Decreto 099 sobre retención en la fuente para empleados, empezó el camino de la reglamentación.
Hasta el momento van solo siete decretos y, en lo referente al de rete fuente, para los contribuyentes fue como si se hubiera repetido lo dicho ya en la ley. Entre tanto, otro decreto, el 1102, es modificatorio del 862, que fue necesario recomponer y que se refiere a la Contribución Especial Empresarial (CREE).
Pedro Sarmiento, director de impuestos de Deloitte, estima que se necesitan mínimo cinco aclaraciones, ya que ni siquiera hay una indicación expresa de si el CREE es o no un impuesto de renta.
Si es así, dice Kertzman, “¿cuál es la razón para recaudarlo a través de una retención en la fuente adicional que genera una nueva carga administrativa? ¿Por qué lo cobran mensual y no anual, si no hay necesidad de recaudo, porque recordemos que se sustentó que la reforma no iba por más ingresos?”.
Javier Díaz, presidente de Analdex, dice que “el proceso no ha sido afortunado. Alrededor del CREE hay una gran incertidumbre respecto de las obligaciones. El tema de las retenciones no ha sido claro. El simple proceso de actualización del RUT ha sido un drama”.
DUDAS PARA TRABAJADORES
Según la exdirectora de la Dian Fanny Kertzmann, hubo falta de planeación con la realidad de los trabajadores, porque el efecto de la norma del Imán (Impuesto mínimo alternativo) que recae sobre estos atañe a la situación laboral del pasado, y queda la duda de qué pasará con el que quede desempleado y tenga que pagar este año por lo que ganó el año anterior, o con el independiente de hoy que fue empleado el año pasado.
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Facua [ La asociación de consumidores FACUA-Consumidores en Acción ] ha solicitado al Gobierno impulsar una modificación de la Ley del Juego y otras leyes que afectan a la materia para, según señala la asociación, corregir las incoherencias que existen entre ellas y que han llevado al Tribunal Supremo a anular varios artículos de la normativa puesta en marcha en 2020 para limitar la publicidad de las casas de apuestas y sus productos.
El Tribunal Supremo indica que es necesario anular una serie de artículos, ya que no existe una habilitación legal previa que permita a esta norma regular determinadas cuestiones, entre ellas, limitaciones en la captación de clientes o la prohibición de publicidad por parte de personajes famosos.
La asociación considera que, pese a que las casas de apuestas se dedican a una actividad legal, son especialmente nocivas para colectivos vulnerables como pueden ser menores de edad o personas con pocos recursos, así como usuarios que ya de por sí tienen problemas de ludopatía y que a través de internet tienen acceso de manera directa y sencilla a estas plataformas de apuestas.
Esta sentencia del Tribunal Supremo abre la puerta a que vuelva a producirse un aluvión de anuncios de casas de apuestas en redes sociales, medios de comunicación o páginas web, utilizando además a personajes famosos como reclamo.
Facua señala en su comunicado que, aunque el juego es una actividad legal a la que pueden acceder voluntariamente las personas mayores de edad, esto no impide que por la peligrosidad que puede suponer para determinados colectivos especialmente vulnerables esté justificado que el Estado limite su publicidad a todos los ciudadanos.
Coljuegos, firmó un acuerdo con la Gobernación del Huila, SuChance y la Lotería del Huila con el fin de fortalecer la lucha contra los juegos de suerte y azar que operan de manera ilegal en el departamento y que, por lo tanto, dejan de transferir recursos para la salud.
“Nosotros calculamos que la ilegalidad en el país, por todos los conceptos, debe estar en cerca de $1.5 billones. Por eso, con estos pactos buscamos no solo proteger los recursos y promover la legalidad, sino también incrementar las transferencias que hacemos a la salud de los colombianos”, sostuvo el presidente de Coljuegos.
Entre los firmantes del pacto se encuentran Rodrigo Villalba (foto), gobernador del Huila; Didier Tavera, director Ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos; Dayro Fernando Herrera, director seccional de la Fiscalía General de la Nación; y el coronel William Javier Lara, comandante de la Policía Departamental.
“Le estamos pidiendo a los ciudadanos que se ajusten al ordenamiento jurídico. Vamos a emprender las acciones que correspondan para promover la legalidad en el Departamento y luchar contra el contrabando y los juegos ilegales como el ‘chance blanco”, sostuvo el gobernador Villalba.
La Sijin de la Policía Metropolitana de Barranquilla, logró la captura de 4 mujeres dedicadas a la explotación ilegal de juegos de azar.
Los operativos se adelantaron en los barrios Simón Bolivar, San Martín y Santa María, donde se incautaron 4 Cpu, 6 monitores, 4 impresoras, 4 teclados y 4 mouse.
Con estas capturas e incautaciones se logra una afectación en la renta criminal por un valor aproximadamente de 40 millones de pesos. La actividad delictiva se vendría ejecutando bajo la fachada de supuestos contratos legales otorgados, cuyos códigos son falsificados para así explotar de manera ilegal juegos de azar.
Las detenidas y los elementos incautados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, según la información suministrada por la autoridad.
(571) 7568829 - 3606414 - 3606415 FAX (57 1) 3605027
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