Catorce años después de que el expresidente Rafael Correa prohibiera por completo los casinos y salas de juego en Ecuador mediante una consulta popular, el país podría estar a las puertas de una reversa histórica. El actual presidente, Daniel Noboa, ha incluido en su nueva propuesta de referendo una pregunta clave: permitir el funcionamiento de casinos exclusivamente en hoteles cinco estrellas. Esta decisión, presentada el 5 de agosto como parte de un paquete de siete reformas que se someterían a votación ciudadana en diciembre de 2025, reabre una discusión nacional sobre el rol del juego legal, el turismo de alto nivel y la inversión privada en el desarrollo económico.
La iniciativa busca enmendar el veto impuesto en 2011, que obligó al cierre inmediato de todos los establecimientos legales de juego en el país. Según cifras oficiales y del propio mandatario, esa prohibición derivó en la pérdida de más de 250.000 empleos, especialmente en sectores como la hotelería, el turismo y el entretenimiento formal. Aunque los detractores aseguran que esa cifra podría estar sobreestimada, lo cierto es que el cierre arrastró consigo una red completa de empleo técnico, administrativo y operativo, dejando infraestructuras abandonadas, inversiones truncadas y ciudades turísticas con menos herramientas para competir en la región.
La propuesta actual incluye una restricción clara: los casinos solo podrán operar dentro de complejos hoteleros cinco estrellas, lo que limita su alcance geográfico y asocia su actividad exclusivamente al turismo de alta gama. A su vez, el gobierno ha comprometido que el 25 % de los ingresos brutos generados por estos establecimientos será destinado a programas sociales, específicamente al combate contra la desnutrición infantil y la mejora de la alimentación escolar. Se trata, entonces, de una propuesta que combina inversión privada con retorno social, bajo un marco regulatorio estricto que busca evitar los errores del pasado y garantizar que esta reapertura no se traduzca en impactos negativos para la ciudadanía.
La medida todavía debe ser revisada y avalada por la Corte Constitucional antes de su inclusión definitiva en la papeleta. Aun así, el ambiente empresarial y político ya anticipa sus efectos. Representantes del sector hotelero estiman que una regulación bien diseñada podría generar entre 20.000 y 40.000 empleos directos e indirectos, y permitiría atraer nuevos flujos de turistas internacionales. Algunos inversionistas han comenzado a hablar de Ecuador como un “mercado dormido”, con una economía dolarizada, corredores turísticos con potencial y un liderazgo pro-mercado que ha generado señales positivas en el exterior.
Desde Colombia y otros países vecinos se observa con atención el modelo. En mercados donde se ha regulado exitosamente el juego legal, como Chile, Argentina o Brasil, el impacto ha sido tangible: formalización del sector, crecimiento del turismo y retorno fiscal al Estado. Ecuador no partiría de cero. Aún cuenta con operadores experimentados, infraestructura lista para adecuarse y profesionales capacitados que podrían reintegrarse al mercado si se habilitan las condiciones jurídicas. En este sentido, la reapertura se percibe como una oportunidad de bajo riesgo y alta rentabilidad, sobre todo si se logra atraer tecnología de punta, marcas reconocidas y modelos de gestión responsables. Entre las marcas que despiertan interés en este nuevo escenario está Diamond, cuyo posicionamiento en la región ya ha demostrado ser sinónimo de rendimiento, estabilidad y preferencia entre operadores exigentes. Invertir en Diamond sería, para muchos, una apuesta estratégica. Un éxito nunca antes visto, una inversión segura.
El proceso no está exento de tensiones políticas. Tres de las siete preguntas que se incluyen en el referendo han sido presentadas anteriormente y rechazadas en las urnas, lo cual pone a prueba la legitimidad del nuevo intento. Para sectores conservadores y religiosos, la reapertura de casinos sería una contradicción institucional, pues anularía el resultado de una consulta popular previa. Para otros, se trata de una rectificación necesaria ante las condiciones actuales del país. Noboa ha justificado su iniciativa como una respuesta pragmática: ante la necesidad de generar empleo, atraer inversión y fortalecer el tejido social mediante ingresos fiscales bien dirigidos, el juego regulado representa una herramienta poderosa si se maneja con control y visión de largo plazo.
Aún queda por definir el texto final de las preguntas, la validación jurídica de la Corte Constitucional y, por supuesto, la decisión popular en las urnas. Pero todo parece indicar que Ecuador está listo para debatir nuevamente su modelo de desarrollo. Y si el juego legal se convierte en una opción, serán los primeros operadores en actuar quienes aprovecharán una ventana única en la región. Porque en el juego de la inversión, como en el turismo, el tiempo y la visión lo son todo. Y quien entienda la señal, sabrá que es ahora cuando se gana.
