Brasil acaba de convertir su mercado de apuestas en un caso de estudio sobre riesgo regulatorio.
Las apuestas deportivas de cuota fija fueron legalizadas mediante la Ley 13.756 de 2018. Cinco años después, la Ley 14.790 de 2023 completó el régimen para apuestas deportivas y juegos online. Luego llegaron la Secretaría de Premios y Apuestas —SPA—, el SIGAP, los dominios .bet.br, reglas de compliance, prevención de lavado, juego responsable y la Portaria SPA/MF 827 de 2024, que estructuró las autorizaciones. Desde enero de 2025 solo podían operar nacionalmente empresas autorizadas.
Entrar al mercado tampoco era gratuito: cada autorización costaba R$30 millones, permitía hasta tres marcas y tenía una duración de cinco años.
Entonces llegó la Medida Provisória 1.394, del 25 de septiembre de 2026.
Su artículo 1 prohibió en todo Brasil la explotación, oferta, intermediación y publicidad de apuestas de cuota fija, tanto deportivas como juegos online. El artículo 4 ordenó extinguir las autorizaciones en 30 días y añadió algo particularmente relevante: los operadores no tienen derecho a la devolución de la outorga ni a indemnización del Estado.
El Decreto 13.128/2026 creó además un comité interinstitucional para coordinar la fiscalización de la nueva prohibición. El 6 de octubre los sitios autorizados dejaron de recibir apuestas. Para entonces todavía había aproximadamente R$1.325 millones pendientes de devolución a unos 26,5 millones de apostadores.
Aquí aparece la paradoja regulatoria.
“Solo quince días antes de prohibir el mercado, la SPA había expedido la Portaria 2.750/2026, fortaleciendo precisamente los mecanismos para identificar y bloquear pagos hacia operadores ilegales. Brasil había construido herramientas para diferenciar al operador autorizado del clandestino; semanas después eliminó al primero”.
La ilegalidad, naturalmente, no desapareció. Para el 9 de octubre el Gobierno había identificado 20.318 sitios y canales digitales vinculados a apuestas irregulares.
La MP 1.394 todavía debe atravesar el Congreso: entra en régimen de urgencia el 9 de noviembre y su actual período de deliberación llega hasta el 23 de noviembre. Además, su constitucionalidad ya está siendo cuestionada ante el Supremo Tribunal Federal mediante la ADI 8024, bajo ponencia del ministro Luiz Fux.
Después de la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva el 25 de octubre, la política adoptada por el Ejecutivo adquiere todavía mayor relevancia para el futuro inmediato del sector.
El debate ya no consiste únicamente en decidir si las apuestas son buenas o malas.
Brasil invitó inversión, cobró licencias, certificó operadores, creó obligaciones tecnológicas y diseñó controles para luego cambiar completamente la política pública. La pregunta que queda para cualquier industria regulada es bastante más incómoda:
¿cuánto vale una autorización de cinco años cuando las reglas que la hicieron posible pueden desaparecer en menos de dos?
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