Entendiendo que Luis Carlos Reyes salió de la DIAN en medio de cuestionamientos y que el gobierno de Gustavo Petro ha sido salpicado por el caso Papa Pitufo, surgen serias dudas sobre el futuro de la lucha contra el contrabando de tragamonedas en Colombia. Las presiones para acomodar fichas del gobierno en la DIAN han despertado sospechas sobre el verdadero objetivo detrás de estos movimientos y de paso su impacto en la regulación del sector de juegos de azar.
Coljuegos, considerado un bastión del petrismo, ha mostrado un discurso firme en contra del juego ilegal, con bloqueos de plataformas en línea y algunas incautaciones de máquinas en ciudades como Cartagena y Cali. Sin embargo, la pregunta clave es si realmente habrá un esfuerzo estructural para desmantelar las redes de contrabando o si estas acciones serán solo un recurso mediático sin cambios de fondo.
El problema del contrabando de tragamonedas no es menor. No solo afecta la recaudación fiscal, sino que también facilita operaciones de lavado de activos, un tema particularmente delicado en un contexto donde se cuestionan las alianzas y el manejo de recursos en el gobierno actual.
Mientras la DIAN enfrenta una reestructuración incierta, el proyecto de regulación del sector sigue sin avances claros. Si la prioridad de Coljuegos en cabeza de Marco Emilio Hincapié sigue enfocada únicamente en el juego en línea, el mercado físico de tragamonedas ilegales seguirá creciendo sin control.
Así como Coljuegos ha firmado pactos por la legalidad con departamentos , Gobernaciones , policía y más recientemente con la CCB; debería hacerlo con la DIAN y entidades que combaten el lavado de activos.
El sector necesita estabilidad y decisiones firmes. Mientras las entidades responsables no ejerzan un control efectivo, la incertidumbre continuará afectando la inversión en un mercado que, con las condiciones adecuadas, podría ser una apuesta ganadora para todos.
