Este pasado 4 de julio, mientras Estados Unidos celebraba su independencia, los jugadores profesionales recibían un golpe que muchos considerarán asfixiante: a partir de 2026, los contribuyentes solo podrán deducir hasta el 90% de sus pérdidas por juego. En términos reales, eso significa pagar impuestos incluso cuando se pierde.
La medida fue incluida en el paquete tributario conocido como el "One Big Beautiful Bill" y busca recaudar más de 1.100 millones de dólares. Lo irónico es que la mayoría de esos ingresos vendrán de jugadores que ni siquiera ganan dinero neto.
Mientras esto ocurre en la potencia del norte, en Colombia el panorama es muy diferente. Acá, el juego legal no es visto como un problema a contener, sino como una fuente clave de financiamiento para la salud. De hecho, el gobierno ha promovido la regulación y crecimiento del sector con el fin de captar ingresos frescos sin subir impuestos generales.
La diferencia radica en la visión de Estado. En Colombia, Coljuegos trabaja de la mano con operadores para fomentar la legalidad y ampliar la base tributaria. En Estados Unidos, parece que el foco se ha desplazado hacia exprimir sectores con poca capacidad de defensa política.
No es que aquí todo esté bien. Aún hay retos como el juego ilegal, la evasón de derechos de explotación y la fiscalización. Pero por lo menos hay una lógica de construcción, no de castigo. Mientras tanto, EE.UU. podría estar sembrando el terreno para un auge del juego clandestino, el último lugar donde el Estado debería querer perder el control.
Un tema que ha causado controversia en Colombia es la aplicación del IVA a los juegos de suerte y azar. Sin embargo, hay que decirlo claro: durante muchos años, este sector fue beneficiado con exenciones que otros sectores nunca tuvieron.
No se trata de una persecución fiscal, sino de una normalización justa. En 2024, el recaudo por IVA del sector superó los 720.000 millones de pesos, una cifra que contribuye directamente al sistema de salud. Quienes hoy alegan una supuesta violación de derechos olvidan que el privilegio fue la exoneración, no el cobro.
Para Colombia, el mensaje es claro: regular, formalizar y aprovechar el juego legal con inteligencia. Que la celebración de la libertad no se convierta en una cadena fiscal disfrazada de reforma.
