En cualquier industria regulada, la confianza institucional es un activo invisible, pero vital. El sector de juegos de suerte y azar no es la excepción. Por eso, cada vez que un regulador se desborda, improvisa o se alinea más con intereses políticos que con criterios técnicos, el ecosistema entero se resiente.
En los últimos meses, varios actores del sector han expresado su preocupación por el rumbo que ha tomado Coljuegos desde el relevo en su presidencia. Aunque es comprensible que cada administración tenga un estilo propio, lo que no puede cambiar es la naturaleza técnica, neutral y predecible de la entidad.
El regulador del juego legal no puede actuar como apéndice de un proyecto político, cualquiera que este sea.
Celebrar públicamente iniciativas como la consulta interna de un partido, emitir mensajes cargados de militancia o modificar los focos de supervisión sin una narrativa coherente, no solo genera desconcierto: erosiona la legitimidad de la entidad. Y en una industria donde todo gira en torno a la legalidad, el cumplimiento y la trazabilidad, la legitimidad lo es todo.
El caso reciente de la Lotería de Medellín, salpicado por la entrega de un premio a un exfuncionario —aun cuando hubo auditorías que descartaron irregularidades—, ilustra bien este dilema. Cuando no hay claridad desde el centro regulador, los vacíos los llenan los rumores. Y eso es exactamente lo que debilita al sector frente a la opinión pública, a los medios y, peor aún, frente al Congreso o la DIAN.
A esto se suma el silencio frente a las apuestas online, uno de los pocos segmentos que venía mostrando crecimiento sostenido. Luego de la entrega de datos a MinHacienda para efectos tributarios, desaparecieron las menciones elogiosas del Gobierno, y se instaló un silencio incómodo. ¿Hay una política clara frente al juego digital? ¿O se trata de una espera pasiva mientras otras entidades toman decisiones de fondo?¿Se rompió el romance?
Mientras tanto, operadores de localizados reportan citaciones de la DIAN (en Antioquia casualmente), solicitudes informales de información en salas y medidas que algunos interpretan como una estrategia de intimidación más que de control.
La pregunta que flota en el sector es inevitable: ¿Sigue siendo Coljuegos una autoridad técnica, o se ha convertido en un fortín de politiquería de vieja escuela?
Lo cierto es que la industria, que genera miles de empleos y recursos para la salud, exige reglas claras, estabilidad jurídica y una entidad que actúe con autonomía, no al vaivén de intereses partidistas.
La confianza -como la legalidad- no se impone. Se construye. Y hoy, más que nunca, se necesita restaurarla.
La industria del juego legal necesita algo muy básico: reglas claras, supervisión estable, y una Coljuegos que inspire más confianza que miedo. El fortalecimiento institucional no se logra con slogans, sino con datos, con comunicación transparente y con autonomía.
Colombia fue durante años un ejemplo regional en regulación del juego. Sería lamentable retroceder.
Esta columna no es una crítica política. Es una invitación. A que la entidad recupere el centro. A que vuelva a ser lo que debe ser: un faro técnico, no una veleta ideológica. Coljuegos
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