Los recientes asesinatos de legisladores en Minnesota, presuntamente cometidos por un extremista religioso, han dejado al estado —y al país— en shock. Sin embargo, más allá del horror inmediato, hay una víctima colateral que pocos han mencionado: la discusión sobre el futuro del juego legal, especialmente el juego online. Y este no es un fenómeno aislado de los Estados Unidos.
En América Latina lo sabemos bien. En Colombia, aunque no han ocurrido atentados recientes directamente relacionados con el juego, sí se ha evidenciado un clima hostil hacia quienes tocan intereses sensibles en el sector. Políticos locales que han promovido la fiscalización de operadores ilegales han recibido presiones y señalamientos públicos, mientras que el gobierno ha incrementado la carga impositiva sobre el sector, como ocurrió recientemente con la propuesta aprobada en Catatumbo, que busca gravar aún más las operaciones de juego con el argumento de proteger a la población vulnerable. Esta narrativa, aunque legítima en lo social, ha sido utilizada también como forma de presión o castigo político contra operadores legales. En México, el fenómeno ha sido más extremo: varios funcionarios encargados de clausurar casinos ilegales han sido asesinados en los últimos años, en estados donde el crimen organizado controla buena parte del territorio.
En Minnesota, la violencia llega justo cuando el estado intentaba avanzar en la regulación del juego online. Este no es un tema trivial: plataformas sin control ya están captando a miles de jóvenes, generando adicción, endeudamiento y conductas de alto riesgo. La evidencia es clara. Pero ahora, el temor es que los legisladores opten por el silencio, no por convicción, sino por miedo.
El fundamentalismo —sea religioso, moral o ideológico— ha encontrado en el juego un blanco simbólico. Lo ven como sinónimo de decadencia. Y si ya hubo quienes mataron por impedir su expansión, ¿cuántos políticos más dudarán antes de firmar una ley?
El problema no es el juego: es la falta de regulación. Un mercado transparente, con límites, trazabilidad y apoyo social, es mil veces más seguro que dejar que los casinos ilegales (o virtuales sin control) se multipliquen bajo la mesa. Pero eso requiere valentía política.
Como la que exigimos en Colombia ante la persecución tributaria injustificada. Como la que necesita México para limpiar su industria.
Mi llamado es simple: no permitamos que la violencia, el miedo o la manipulación política marquen la agenda del juego. Regular con firmeza es proteger. No regular es abandonar el tablero. Y en ese caso, siempre ganan los de la esquina oscura.
