En la industria del juego, el problema no empieza cuando aparece el operador ilegal. Empieza antes: cuando el mercado formal deja de ser competitivamente sostenible. Por eso, la discusión sobre impuestos no debería hacerse solo en clave recaudatoria, sino en clave de control real. Y los datos, cuando se miran sin romanticismo, obligan a una conclusión incómoda: si la carga fiscal y regulatoria se diseña mal, el mercado no desaparece; se desplaza.
Ahora bien, conviene no exagerar. Un estudio académico sobre 29 países europeos encontró que, en conjunto, no hay evidencia concluyente de una correlación negativa entre nivel de tributación y canalización hacia el mercado regulado. En otras palabras, el impuesto por sí solo no explica todo. Pero esa misma conclusión también sugiere algo importante: el resultado depende del diseño integral del sistema, no solo de la tarifa.
Ahí es donde los casos concretos sí empiezan a hablar fuerte. En Suecia, el impuesto a las apuestas subió de 18% a 22% del GGR en julio de 2024. El aumento generó alrededor de US$51 millones adicionales al año, pero el mismo análisis reportó que las visitas anuales a sitios ilegales pasaron de 2,8 millones en 2023 a 9 millones en 2025, mientras la canalización legal del mercado de apuestas cayó de 86% a 85% y, en casino online, de 83% a 72%. Es decir: se recaudó más, sí; pero también se amplió la fuga hacia operadores sin protección al consumidor.
Brasil ofrece otra señal de alarma. Un estudio citado por el Instituto Brasileño de Juego Responsable estimó que entre 41% y 51% del mercado de apuestas seguía operando ilegalmente en 2025, con una pérdida fiscal proyectada de hasta R$10,8 mil millones al año. En la misma medición, 61% de los encuestados reconoció haber apostado en plataformas no reguladas. Paralelamente, el gobierno brasileño tuvo que empezar a bloquear más de 2.000 sitios irregulares, en un mercado donde más de 52 millones de personas habían empezado a apostar online en los últimos cinco años.
La lección no es que no haya que cobrar impuestos. La lección es otra: cuando el diferencial entre operar legal e ilegalmente se vuelve demasiado amplio, el Estado deja de competir por formalidad y empieza, sin querer, a subsidiar la informalidad. En esta industria, recaudar mal puede terminar costando más que recaudar menos.
