Como parte de la gestión en beneficio de sus asociados, Connazar, envió un derecho de petición al Departamento Administrativo de la Función Pública, DAFP, el pasado 16 de agosto, para participar en el Comité Sectorial de Hacienda, donde se analizaría la modificación al trámite de autorización para la operación de juegos localizados.

Solo hasta el pasado viernes 25 de octubre se nos dio respuesta a dicha solicitud, la cual fue considerada improcedente pues fue radicada el mismo día del citado comité, replica que a su vez consideramos tardía, considerando los tiempos y la importancia del tema para nuestra actividad empresarial. Además aduce el DAFP en su respuesta, que en dicho comité solo se discutiría el procedimiento del trámite, mas no la regulación y la normatividad que lo sustenta, la cual compete exclusivamente al ente regulador, como lo es Coljuegos.

Entre los puntos a destacar del acta de dicho comité, podemos mencionar la posición de Coljuegos donde expone que este no es nuevo trámite, pues ya venía siendo ejecutado por la desaparecida ETESA, y retomado por el actual ente regulador, y que legalmente no están obligados a concertar con los operadores, pero que llevaran a cabo las mesas de trabajo, pero sin supeditar la obligación de implementar este trámite a un acuerdo con sus usuarios.

También queremos resaltar la intervención del Dr. Diego Pérez, Vicepresidente de Desarrollo de Mercados de Coljuegos, donde citamos textualmente su intervención donde “argumenta que esta reglamentación aplica únicamente a los nuevos operadores ya que los que hayan firmado un contrato de concesión previo a la expedición de la Resolución 724 de 2013, se les mantendrán los términos sobre los cuales fueron firmados”, enunciado que riñe con la realidad, pues paradójicamente es el mismo Coljuegos quien desconoce esta norma y quiere aplicar dicha resolución a todos los operadores sin distingo de las condiciones contractuales únicas, de cada empresario.

Otro de los apartes de la citada Acta, que consideramos de la mayor importancia por sus implicaciones, es en el correspondiente a las conclusiones de dicho Comité, cuando hablan de los costos de implementación y recursos presupuestales para la aplicación y citamos textualmente: “El Tramite no tiene ningún costo para el usuario y Coljuegos posee la infraestructura tecnológica para su implementación”. Ante esta aseveración tan contundente, nos surgen innumerables interrogantes sobre el proceso que venimos asumiendo, pues es otra la situación de incertidumbre que este proceso ha producido entre nosotros como operadores, donde el componente costo, siempre ha estado presente y es el que ha generado la mayor preocupación en el gremio. Así mismo desconocíamos que el ente regulador poseía la infraestructura tecnológica para la interconexión y habíamos asumido que la industria privada era la que proveía estas soluciones especializadas.
Como se ve, son muchas más las preguntas e interrogantes que nos surgen a partir de esta Acta de Comité, y aumenta nuestro desacuerdo con este proceso, que ha sido manejado de manera caótica y excluyente, y sin un estudio serio sobre las implicaciones negativas que para la industria podría traer este cronograma de la interconexión, tal como lo ha querido implementar Coljuegos.

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