La Corte Constitucional suspendió de manera provisional un decreto de emergencia económica que buscaba imponer un IVA (IVA) del 19% a los servicios de apuestas y juego online en Colombia, mientras se adelanta la revisión de constitucionalidad de la medida.
La decisión fue adoptada por mayoría 6–2 y recae sobre el Decreto Legislativo 1390 del 22 de diciembre de 2025. El magistrado ponente, Carlos Camargo, sostuvo que era necesario suspenderlo de inmediato para evitar efectos “irreversibles” antes de que concluya el control constitucional, y advirtió posibles vicios tanto de forma como de fondo en el uso de facultades extraordinarias para introducir un cambio tributario de gran alcance.
El freno ocurre en medio de la estrategia fiscal del presidente Gustavo Petro, después de que el Congreso negara una reforma tributaria que buscaba recaudar 16,3 billones de pesos. El Gobierno ha defendido el paquete de medidas de emergencia como una vía para fortalecer las finanzas públicas y sostener el presupuesto de 2026, en un contexto en el que la meta de déficit fiscal para 2025 se elevó a 7,1% del PIB, un ajuste que derivó en recortes de calificación soberana.
En el fondo, el debate que abre la Corte es conocido: si el Ejecutivo puede usar decretos de emergencia para introducir reformas que no lograron aprobarse por el trámite legislativo ordinario. La suspensión anticipa un examen estricto sobre si el IVA al juego online era realmente necesario, proporcional y directamente conectado con las causas de la emergencia, o si funcionó como un “atajo” para una reforma tributaria.
Petro criticó públicamente la suspensión, advirtiendo que podría afectar la capacidad del Gobierno para manejar la presión fiscal. El ministro del Interior, Armando Benedetti, también reaccionó con dureza, señalando que frenar el decreto termina protegiendo a los sectores más ricos.
Para la industria regulada de apuestas online, la orden elimina por ahora el riesgo de un aumento inmediato del precio final al usuario, pero mantiene la incertidumbre: el fallo de fondo definirá si el Gobierno puede revivir la medida o si cualquier ajuste tributario deberá volver al Congreso.
