Ecuador reafirmó esta semana su modelo restrictivo sobre el juego luego de que la Procuraduría General del Estado (PGE) confirmara oficialmente que los casinos, tragamonedas y salas de juego físicas continúan prohibidos bajo la legislación vigente, mientras la Asamblea Nacional avanza paralelamente con una reforma penal para castigar el amaño de partidos y la corrupción vinculada a apuestas deportivas.
La aclaración fue emitida por la PGE, dirigida por el procurador Juan Carlos Larrea Valencia, mediante el Oficio 16528 del 4 de mayo de 2026, tras una consulta presentada por la Junta de Beneficencia de Guayaquil. El documento ratifica que sigue plenamente vigente la prohibición aprobada en la consulta popular impulsada durante el gobierno de Rafael Correa en 2011. La Procuraduría recordó además que su función es emitir criterios jurídicos vinculantes y defender al Estado en procesos legales y arbitrajes relacionados con este tipo de operaciones.
Procurador Juan Carlos Larrea Valencia
La discusión tomó fuerza tras el cierre del Casino del Sol, ubicado junto al Hotel Sheraton Guayaquil, operación vinculada presuntamente a la Fundación Ecuatoriana de Fibrosis Quística y a la empresa SUNSETBET S.A.S. El establecimiento fue clausurado en febrero y continúa bajo investigación. Paralelamente, la Corte Constitucional del Ecuador ya había bloqueado la propuesta del presidente Daniel Noboa para permitir casinos en hoteles cinco estrellas bajo un esquema tributario especial.
Andrés Castillo
En paralelo, la Asamblea Nacional del Ecuador, presidida por Niels Olsen Peet, debate una reforma al Código Orgánico Integral Penal (COIP) impulsada por el asambleísta Andrés Castillo para tipificar delitos relacionados con manipulación de resultados deportivos, corrupción y redes ilegales de apuestas. El proyecto permanece en revisión dentro de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado antes de pasar al pleno legislativo.
La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), dirigida por Francisco Egas, ya trabaja junto con FIFA y Conmebol en sistemas de monitoreo para detectar apuestas sospechosas y posibles amaños. Ecuador también analiza estándares internacionales como el Convenio de Macolin para fortalecer controles AML, supervisión digital y persecución del betting ilegal.
