Una de las voces más influyentes del ecosistema gaming latinoamericano es la de Evert Montero Cárdenas, presidente de Fecoljuegos y de la Federación Iberoamericana de Juegos de Azar (FIJA).
La importancia de sus declaraciones radica en el peso que hoy tiene Fecoljuegos dentro de Colombia y en el alcance regional de FIJA en América Latina. Desde ambas organizaciones, Montero se ha convertido en uno de los principales interlocutores entre operadores, reguladores, banca y autoridades en temas como juego responsable, regulación técnica, presión tributaria, lucha contra plataformas ilegales y control de flujos financieros vinculados al gaming. En entrevista exclusiva para Mundo Video, explicó por qué considera que el verdadero combate contra la ilegalidad debe centrarse en bloquear los flujos financieros de las plataformas ilegales y no únicamente en el cierre de páginas web.
P: Fecoljuegos ha advertido muchas veces que una mayor presión tributaria puede empujar al sector hacia plataformas ilegales. ¿Qué medidas concretas necesita la industria para proteger la operación legal y evitar esa migración?
R: Las medidas concretas son muy claras. Primero, que no haya un exceso de sobrerregulación, porque finalmente eso genera obstáculos para que los empresarios puedan desarrollar su actividad. Segundo, que exista una carga tributaria que realmente se ajuste a la operación, a lo técnico, a su modelo de negocio y a su modelo matemático, y no simplemente cargas tributarias que parten desde una óptica más política que técnica.
Por supuesto, también se necesitan medidas mucho más contundentes frente al juego ilegal. Todo esto sumado puede ayudar a mejorar las condiciones para que exista competitividad. Nosotros no somos un sector anti impuestos; somos un sector pro-impuestos, pero impuestos técnicos, bien establecidos y claros, que respeten la sostenibilidad financiera de las empresas a largo plazo, así como su estabilidad jurídica y financiera.
P: En cuanto al impuesto del 19% al juego online, se abrió un debate entre sostenibilidad operativa y recaudo. ¿Cuál ha sido el impacto real sobre operadores, usuarios y transferencias destinadas a la salud?
R: Nuestra actividad es una actividad de volumen en las apuestas online. Cualquier punto que se mueva dentro de la ecuación la afecta de manera importante. Cuando se colocan impuestos que no van en sintonía con la actividad, obviamente el impacto es fuerte.
Aquí no se va a terminar el juego; lo que ocurre es una migración hacia la ilegalidad. Siempre que no existan factores de competitividad que les permitan a los empresarios legales competir adecuadamente, habrá traslado hacia plataformas ilegales.
P: En la lucha contra el mercado ilegal, vemos que cada vez depende más del control financiero. ¿Cómo está trabajando Fecoljuegos con la banca, reguladores y entidades de supervisión para bloquear flujos de dinero hacia plataformas ilegales?
R: Nosotros hemos informado a la banca, a Asobancaria, a los comités de oficiales de cumplimiento y a las diferentes entidades financieras sobre los grandes riesgos que existen en estos flujos de capital provenientes de la ilegalidad.
Un tema que nos preocupa mucho es cómo estos flujos se manejan a través de plataformas y pasarelas de pago donde prácticamente no existe control. Ahí es donde debería atacarse realmente la ilegalidad, porque lo que verdaderamente afecta a los operadores ilegales es que se les bloqueen sus flujos financieros.
Bloquear páginas web es un esfuerzo importante por parte del regulador, pero no es suficiente ni genera un impacto de fondo verdaderamente contundente. Si se bloquearan los flujos financieros a través de las pasarelas de pago, las medidas serían mucho más efectivas.
P: ¿Cómo se está trabajando conjuntamente para proteger al operador regulado y legal?
R: Nosotros constantemente hacemos propuestas no solamente al regulador, sino también a quienes toman decisiones de política pública sobre la actividad, para que se adopten acciones que permitan que esta industria sea competitiva.
Hemos pedido una regulación más amplia, una mayor posibilidad de oferta de juegos, porque finalmente los operadores ilegales pueden ofrecer todo tipo de juegos, mientras que los regulados solo pueden operar los que están autorizados.
También hemos insistido en revisar la carga tributaria para que sea acorde con la actividad, fortalecer la lucha contra la ilegalidad y seguir trabajando en juego responsable. Nosotros ofrecemos garantías para que esta actividad tenga un desarrollo que no afecte al jugador, al Estado ni al regulador, y que además permita generar más recursos para la salud de los colombianos. Pero esto solo se logra con condiciones adecuadas para la industria.
P: Finalmente, ¿qué objetivos tiene Fecoljuegos en esta cumbre y qué espera del evento?
R: Nosotros, cuando asistimos a estos eventos, buscamos llevar un mensaje de unidad y de trabajo conjunto. Aquí hay reguladores de varios países y, a través de FIJA; la Federación Iberoamericana de Juegos de Azar, que presido, hemos propuesto tres ejes fundamentales: juego responsable, lucha contra la ilegalidad y fortalecimiento del conocimiento regulatorio entre países.
Uno quisiera que de una cumbre como esta salgan iniciativas con respaldo suficiente para tomar medidas concretas frente a estos temas que afectan a toda la región. Lo que ocurre en un país termina impactando a los demás.
Si un operador es ilegal en una región, no debería permitírsele operar legalmente en otros mercados pertenecientes a estas asociaciones o regiones. También queremos que se entienda mejor el modelo de negocio y el funcionamiento de la actividad, para que exista regulación, pero una regulación basada en fundamentos técnicos.
Las declaraciones de Evert Montero se producen en un momento donde Colombia y América Latina enfrentan un aumento de presión tributaria, crecimiento de plataformas ilegales y nuevas discusiones sobre control financiero y supervisión digital. Su posición dentro de Fecoljuegos y FIJA lo mantiene como uno de los principales interlocutores del sector gaming latinoamericano frente a reguladores, operadores y autoridades financieras de la región.
