Coljuegos tiene en discusión un proyecto de resolución que puede redefinir la forma como entran al país las máquinas electrónicas tragamonedas (METs). El texto propone crear un Registro Único de Importadores y Comercializadores (RIC) y someter la importación de estos equipos a una autorización previa del regulador, con reportes detallados que conectan la información aduanera con el sistema propio del monopolio de juegos de suerte y azar. El propósito declarado es doble: fortalecer la trazabilidad y atacar el contrabando que hoy compite de forma desleal con la oferta legal.
El proyecto parte de un diagnóstico contundente. Coljuegos estima la existencia de más de 104.000 máquinas ilegales en operación, con un impacto cercano al billón de pesos anuales en recursos que deberían ir al sistema de salud. A esto se suma que, entre 2018 y 2024, se importaron oficialmente unas 31.510 METs, de las cuales cerca del 45% serían de segunda mano. En la práctica, una parte de ese flujo se ha desviado hacia circuitos informales o ha servido para camuflar equipos que ingresan al país mediante esquemas de subfacturación y triangulación.
El corazón del proyecto es el RIC. Toda persona natural o jurídica que pretenda importar o comercializar METs deberá inscribirse en este registro, cuya vigencia será de cuatro años, renovable. La simple existencia del RIC no agota la obligación: cada importador deberá solicitar autorización previa a Coljuegos para traer máquinas al país y, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la nacionalización, reportar equipo por equipo. El reporte incluye número de serie, marca, modelo, fabricante, año de fabricación, país de origen, fotografías de alta resolución (vista frontal y placa de identificación), cantidad importada y destino previsto indicando razón social y NIT del comprador.
El proyecto también limita quién puede adquirir este tipo de equipos. Las METs solo podrán venderse o transferirse a operadores que cuenten con contrato de concesión vigente o a personas naturales o jurídicas que acrediten objeto social vinculado a juegos de suerte y azar y código CIIU 9200. De esta manera, se cierra el espacio para intermediarios que tradicionalmente han suministrado máquinas a salas no autorizadas, aprovechando vacíos en la coordinación entre la DIAN, Coljuegos y autoridades territoriales.
Un elemento clave es la articulación con la autoridad aduanera. La resolución ordena avanzar hacia la interoperabilidad entre Coljuegos y la DIAN, de manera que las declaraciones de importación y los registros del RIC puedan cruzarse en tiempo casi real. En teoría, esto permitiría detectar de inmediato importaciones de tragamonedas que no estén asociadas a un importador registrado, que no cuenten con destino declarado a un operador habilitado o que no se correspondan con modelos y fabricantes reconocidos por el regulador.
Este enfoque no se produce en el vacío. En los últimos años han salido a la luz casos que muestran la dimensión internacional del contrabando de tragamonedas, con redes que operan desde centros logísticos en Estados Unidos y otros países, abasteciendo mercados latinoamericanos con máquinas usadas, reetiquetadas o intervenidas. Estas estructuras se benefician precisamente de la falta de trazabilidad integral: equipos que entran al país con una descripción genérica, se almacenan en bodegas sin control especializado y terminan en salas donde el Estado no percibe derechos de explotación ni puede supervisar adecuadamente el juego responsable.
El proyecto de resolución no resuelve por sí solo todos los problemas asociados al contrabando, pero sí introduce una pieza que hasta ahora faltaba en el diseño institucional: el control ex ante en la frontera. Si se implementa con rigor, cualquier importación de METs tendría que ser coherente con la política de homologación vigente y con el mapa de operadores autorizados. Para la industria formal, esto implica asumir que la compra de máquinas ya no es un asunto puramente comercial; exige revisar compatibilidad normativa, origen, condiciones técnicas y capacidad de reporte en línea desde el momento mismo en que se negocia la importación.
En un país donde el contrabando de tragamonedas ha erosionado ingresos fiscales, distorsionado precios y debilitado la confianza en el modelo de monopolio rentístico, la resolución de importación propuesta por Coljuegos representa un intento de cerrar la puerta de entrada de equipos irregulares. La efectividad de la medida dependerá de la capacidad del regulador y de la DIAN para utilizar la información del RIC de forma activa, del acompañamiento de la Fiscalía y de la voluntad del propio sector para alinear sus decisiones de inversión con un entorno en el que la trazabilidad deje de ser una opción y se convierta en requisito básico para operar.
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