Las investigaciones por supuestos nexos de grupos armados ilegales con Enilse López, la ‘Gata’, y la manera como sus empresas de apuestas están quedándose de nuevo con contratos en cuatro departamentos de la Costa, dieron la pista para detectar irregularidades en el manejo del chance en el país.
De las 38 chanceras que tienen licitaciones no hay una que pase la prueba de cumplimiento de todos los indicadores que las evalúan, por lo que esta semana habrá un consejo extraordinario para evaluar el tema.
En medio de estas pesquisas, la Secretaría de Transparencia del Gobierno encontró que el principal cuestionamiento contra estas empresas consiste en que han incumplido con la obligación de girar los dineros por concepto de derechos de explotación, recursos que son destinados para la salud.
El panorama es tan complejo que el Superintendente de Salud, Gustavo Morales Cobo, cree que el debate no solo debe enfocarse a la vigilancia del negocio sino en establecer si está aportando lo suficiente para el sector salud. “El sistema de Seguridad Social hoy cuesta más de 44 billones de pesos y el chance solo le está aportando 400.000 millones. Tanta corrupción, tanto lío, tanta burocracia para girarle a la salud menos del 1 por ciento”, cuestionó.
Transparencia reveló que en mayo de este año el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar les hizo a las chanceras una precalificación para evaluar su “gestión y eficiencia” en los años 2011 y 2012. Este examen inicial reflejó “inconsistencias que comprometen la exactitud de la declaración y/o el valor de los giros efectivos al sector salud”, Mientras en el 2012 se “produjo una presunta reducción de las transferencias al sector salud” por 9.000 millones de pesos, en el 2011 fueron 30.400 millones.
Sin embargo, esta cifra podría crecer pues corresponde a un proyecto de calificación que solo tuvo en cuenta dos años. “Fue la primera calificación que se hizo en la historia. No hay constancias de calificaciones anteriores”, dijo Rodrigo Vélez, presidente de Coljuegos, organismo que evaluó a las chanceras.
En el caso de la ‘Gata’, Aposmar, una de las firmas relacionada con el emporio de López que volvió a ganar el año pasado una licitación de 13.000 millones de pesos, de acuerdo con la evaluación que hizo el Consejo de Juegos, entre el 2011 y el 2012 dejó de girarle a la salud 3.755 millones de pesos. Esa suma es la diferencia entre el dinero que según el contrato con la Gobernación de Magdalena se debía pagar por derechos de explotación y lo que realmente se giró.
Lo que llama la atención del Secretario de Transparencia, Rafael Merchán, es que pese al incumplimiento la firma consiguió un nuevo contrato hasta el 2018. Otra firma del imperio de López, Aposucre, aparece con un faltante de 95 millones en el 2011. De esta empresa es accionista el hoy senador Héctor Julio Alfonso López. Y Uniapuestas S. A., también relacionada con López, en el 2011 no le pagó a la Gobernación del Atlántico 2.200 millones por los derechos de explotación.
Norma no se cumple
A la Secretaría de Transparencia le preocupa que, según el Acuerdo 74 del 2013, el incumplimiento del pago de los derechos de explotación que van para la salud sería determinante para que se invalidaran los contratos con los concesionarios, pero esta norma, hasta ahora no se está cumpliendo. Según las calificaciones, la empresa que más incumplió con su deber de aportar a la salud fue Gelsa S. A., que opera los juegos de azar en Bogotá. Tan solo en el 2011 esta firma dejó de transferir 18.258 millones.
En Santander, la firma del chance Juegos y Apuestas la Perla S. A. giró 3.700 millones de pesos menos de lo pactado en derechos de explotación y las cinco chanceras que operan en el Valle no pagaron entre 2011 y 2012 una cifra cercana a 5.500 millones. “En esta primera calificación le pedimos a las gobernaciones que envíen la información que hace falta. Advertimos que si en la calificación oficial que realizaremos se sigue detectando que no se están entregando a la Nación los recursos que fueron pactados en las adjudicaciones, esto da lugar a que se solicite la terminación de los contratos”, dijo Jaime Cardona, presidente del Consejo Nacional de Apuestas y Juegos de Azar.
¿Quién responde por el chance?
Pese a que la Resolución 5430 del 2009, modificada por el Acuerdo 74 del 2013, estableció que cada año, a más tardar el 30 de abril, se debe calificar la gestión, eficiencia y rentabilidad de las empresas operadoras del chance, solo hasta mayo de este año la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar realizó un proyecto de calificación.
Ante los hallazgos de ese primer examen, Coljuegos les envió las evaluaciones hace tres meses a las gobernaciones para que “se pronuncien por las inconsistencias y efectúen todas las diligencias para la correcta fiscalización y oportuna liquidación y pago de los derechos de explotación”. Sin embargo, hasta la fecha no se conoce si las empresas ya dieron una respuesta y si pagaron lo que deben.
‘Algunos están evadiendo pagos’
Rafael Merchán, secretario para la Transparencia, dijo que los hallazgos sobre presuntas irregularidades en el negocio del chance son muy graves y que las empresas que no cumplan con los pagos deberían perder su licencia.
A partir de las investigaciones que se venían haciendo particularmente sobre Aposucre, encontramos una norma que señala que cada año se debe hacer una evaluación técnica a las empresas del chance. Si no la pasan, se debe suspender la licencia. Lo grave es que según la información que tenemos, Aposucre no es la única que está incumpliendo sino casi todos los operadores del país, por lo que se debe abrir un debate para evitar que se sigan cometiendo los mismos errores del pasado.
Senador, socio de Unicat
El Consejo de Estado aceptó revisar la demanda de pérdida de investidura que la Secretaría de la Transparencia interpuso contra el senador Héctor Julio Alfonso, hijo de la ‘Gata’, porque aparece como socio de Aposucre. Además, se conoció que el congresista también figura en la lista de socios de Unicat, chancera en la que tiene el 13,5 por ciento de las acciones. Alfonso, como congresista, tiene prohibido contratar con el Estado.
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