El compromiso de Coljuegos en la lucha contra el juego ilegal ha sido evidente. Sus esfuerzos por bloquear más de 10.000 sitios web y perfiles en redes sociales que operaban sin licencia son un paso clave para proteger a los operadores regulados y asegurar el recaudo del Estado. Sin embargo, esta batalla debe extenderse más allá del mundo digital.
Según el informe de rendición de cuentas 2024, Coljuegos tiene registradas 110.000 máquinas electrónicas tragamonedas en operación en Colombia. Pero, ¿cuántas de estas ingresaron legalmente? ¿Cuántas provienen de redes de contrabando? Aún no hay respuesta clara sobre este tema.
El caso de Eric Silverstein y Grandview Products, con operaciones en ciudades como Bogotá, Medellín y el Eje Cafetero, pone en evidencia que el contrabando de tragamonedas sigue siendo una amenaza silenciosa. Esta actividad fomenta la evasión fiscal, el lavado de dinero y fortalece estructuras criminales que operan fuera del marco regulatorio. Dentro de los operativos realizados, Coljuegos ha incautado 60 máquinas ilegales en Cartagena y 150 en Cali, pero el problema sigue latente. Se requiere una estrategia integral que involucre a la DIAN y la Fiscalía para atacar la raíz del problema y eliminar el mercado negro de máquinas tragamonedas.
En Colombia, la Ley 1762 de 2015 endureció las sanciones para quienes participen en actividades de contrabando, estableciendo penas de prisión de 6 a 8 años y multas de 80 a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMMLV). Adicionalmente, la Ley 643 de 2001 estipula que la operación de juegos de azar sin autorización es ilegal y acarrea sanciones económicas y penales.
El lavado de activos es otro de los riesgos asociados al contrabando de tragamonedas. La Ley 599 de 2000 (Código Penal) en su Artículo 323 establece penas de 10 a 30 años de prisión y multas de 1.000 a 50.000 SMMLV para quienes adquieran, administren o den apariencia de legalidad a bienes obtenidos mediante actividades ilícitas. La Ley 1762 de 2015 refuerza estos controles y penaliza la transformación, almacenamiento y custodia de bienes de origen ilícito.
El contrabando técnico permite la entrada de equipos con subfacturación, declarando valores por debajo del real para eludir impuestos. Este mecanismo no solo afecta la recaudación estatal, sino que, además, facilita la financiación de grupos ilegales que utilizan estas máquinas para blanquear capital. Si Coljuegos, la DIAN y la Fiscalía no unen esfuerzos para combatir este fraude, las mafias seguirán operando sin mayores consecuencias.
No basta con sancionar a quienes apuestan en plataformas no autorizadas. Se deben endurecer los controles en puertos y aduanas, así como fortalecer las inspecciones a casinos físicos que operan fuera del marco legal. Si queremos un sector de juego transparente y competitivo, es fundamental cerrar los vacíos regulatorios que permiten la entrada y operación de máquinas ilegales.
El futuro del sector del juego en Colombia depende de un enfoque integral que elimine la maquinaria ilícita que sigue operando en la sombra. La coordinación entre las entidades regulatorias es clave para garantizar un mercado justo y equitativo. Una verdadera regulación no solo protege a los operadores legales, sino que garantiza que el recaudo llegue a la salud de los colombianos y que las reglas del juego sean las mismas para todos.
Las instituciones deben tomar medidas efectivas y conjuntas para combatir esta problemática. Mediante una regulación más estricta y operativos constantes, el país podrá erradicar el contrabando de tragamonedas y fortalecer su mercado legal. Con tecnología y controles reforzados, se podrá limitar la entrada de productos ilegales y asegurar un crecimiento sostenible del sector.
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