El viernes antepasado, y hasta el próximo 6 de septiembre, cerca de 1,4 millones de colombianos empezaron a cumplir una cita. Esta consiste en la presentación de la declaración de renta para las personas naturales, a través de la cual el Gobierno aspira a recaudar alrededor de 1,1 billones de pesos.
Si bien dicha suma representa escasamente el 1 por ciento de los ingresos tributarios, la importancia del tema no es poca. Para comenzar, los impuestos directos constituyen la expresión de vínculo más cercano entre el Estado y el ciudadano. Aunque el ejercicio es antipático en cualquier latitud, no existe ninguna otra relación similar mediante la cual la persona siente que existe una vinculación de causa y efecto entre lo que se le cancela al fisco y los servicios que se reciben a cambio. Puesto de otra manera, en este caso se aplica aquella máxima que afirma ‘pago, luego exijo’.
En la presente ocasión las cosas no arrancaron bien. Ese viernes , la Dian se vio obligada a expedir una resolución en la que amplió los plazos para las declaraciones que se hacen de manera virtual y que en el presente ejercicio ascenderían a unos 150.000 formularios. Aunque es imposible saber si los líos con la plataforma ensayada tuvieron que ver con cuestiones tecnológicas o con eventuales saboteos al interior de la dirección de impuestos, el mensaje no fue el correcto.
Y es que una vez más, los enemigos del sistema vuelven a tener munición para atacar la administración tributaria, por cuenta de las fallas en lo que se conoce coloquialmente como ‘el servicio al cliente’. Bajo este punto de vista, un trámite que no es recibido de buena gana se vuelve aún más dispendioso por cuenta de falencias que atentan contra el bienestar del contribuyente. Ya las quejas en torno a la renovación obligatoria del RUT (Registro Único Tributario) se habían hecho presentes, para que ahora este elemento contribuya a enredar más las cosas.
Por lo tanto, hay que recuperar el camino perdido y desarrollar una plataforma que funcione. El motivo fundamental es que la credibilidad en este campo es absolutamente crucial, con miras al futuro.
Así lo comprueba cualquier análisis que se haga sobre la forma en que los colombianos pagan impuestos. Una mirada a lo que sucede en otros países revela que los tributos directos y, en especial, los gravámenes a la renta personal, tienen una participación alta en los recaudos estatales, que en el caso de las naciones miembros de la Ocde puede llegar al 70 por ciento. Aunque la reforma tributaria aprobada redistribuyó las cargas, dicha proporción apenas subió al 30 por ciento, con lo cual el sistema está inclinado en contra de las sociedades, que son las que más pagan.
Una de las causas, es que una proporción minoritaria de los contribuyentes está obligada a presentar declaración de renta. De hecho, tras la reforma del año pasado el Gobierno quiso mostrar como un logro que la mayoría de los ciudadanos se encuentra exento de hacerlo y que el porcentaje tiende a aumentar. El inconveniente es que semejante política, así sea popular, es equivocada. Cuando se hace la comparación con otras sociedades de América Latina se observa que más mexicanos, argentinos o peruanos le tienen que contar a su respectivo fisco cómo les fue en el año previo, para no hablar de países más desarrollados.
En consecuencia, y así sea una iniciativa que caiga mal políticamente, Colombia se debería mover en el mismo sentido. Para hacerlo, el primer requisito es facilitarle la vida al contribuyente, no solo con la adopción de herramientas tecnológicas adecuadas, sino de formularios sencillos que no requieran el apoyo de un tercero a la hora de responderlos. Pero cumplida esa condición, el paso indicado es ampliar el número de declarantes no solo para recaudar más dinero, sino también para aumentar la sensación de pertenencia hacía un Estado que debe ser de todos y para todos.
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