Una demanda ciudadana instaurada por Isabel días González buscaba que se declarara la nulidad de las resoluciones a través de las cuales Coljuegos exige a las empresas del sector implementar un Siplaft previa suspensión provisional de sus efectos.
El alto tribunal argumentó que Coljuegos tiene las facultades para exigir a sus subordinados la implementación de cualquier procedimiento que ayude a evitar conductas ilícitas en el desarrollo del objeto social. Es así que es obligatorio el presentar y llevar los informes SIPLAFT.
Mediante providencia del 13 de Julio de 2016 la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado denegó la suspensión provisional de las Resoluciones 260, 1295 y 1879 de 2013, expedidas por la Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar (Coljuegos) por medio de las cuales fija los requisitos de adopción e implementación de un sistema de prevención y control de lavado de activos y financiación del terrorismo (Siplaft).
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Isabel días González, en ejercicio del control de nulidad del Consejo de Estado solicita la nulidad de la Resolución 260 de 2013 y a su vez realiza solicitud de medida cautelar consistente en la suspensión provisional de los efectos de la Resolución núm. 260 de 21 de marzo de 2013 «Por medio de la cual se establecen los requisitos para la adopción e implementación del Sistema de Prevención y Control de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo –SIPLAFT- aduciendo que los actos acusados son contrarios al objeto y a las funciones establecidas en los artículos 2º y 5º del Decreto 4142 de 2011 «Por el cual se crea la Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar -COLJUEGOS».
Por cuanto el objeto de esta empresa se circunscribe a la «explotación, administración, operación y expedición de reglamentos de juegos que hagan parte del monopolio rentístico sobre juegos de suerte y azar que por disposición legal no sean atribuidos a otra entidad, Argumenta que dentro de las funciones de COLJUEGOS asignadas por el Decreto 4142 de 2011, no hay competencias de control y vigilancia que permitan a la entidad reglamentar el SIPLAFT, dada su naturaleza jurídica como Empresa Industrial y Comercial del Estado, característica que riñe con las funciones de control y vigilancia establecidas en el parágrafo del artículo 43 de la Ley 190 de 1995, ejercidas por la Superintendencia de Salud y la UIAF.
COLJUEGOS, quien en síntesis manifestó lo siguiente: Que el origen normativo de la obligación de control para la prevención de actividades ilícitas en el sector de juegos y azar nació en la Ley 190 de 1995 (artículo 43) en concordancia con lo establecido en el Estatuto Orgánico y Financiero (artículos 102 a 107) Manifiesta que por lo anterior, es su obligación, entre otras, reportar a la Unidad de Información y Análisis Financiero – UIAF- cualquier información relevante sobre manejo de activos o pasivos u otros recursos, cuya cuantía o características no guarden relación con la actividad económica de sus clientes, o sobre transacciones de sus usuarios que por su número, por las cantidades transadas o por las características particulares de las mismas, puedan conducir razonablemente a sospechar que los mismos están usando a la entidad para transferir, manejar, aprovechar o invertir dineros o recursos provenientes de actividades delictivas o destinados para su financiación.
Resalta que la obligación de reporte de información para los operadores de casinos y juegos de azar es de origen legal, impuesta por una norma de carácter orgánico y por lo tanto, de nivel superior, mas no proviene de la Ley 526 de 1999 o del Decreto 1497 de 2002, como lo pretende establecer la demandante; sin embargo, a través de normas y reglamentos de inferior jerarquía sí es posible determinar las condiciones específicas de carácter técnico para el reporte de dicha información.
En las consideraciones del despacho, este solo hace relación así es aplicable una medida provisional de suspensión de la norma, a la cual después de hacer una análisis de los elementos jurisprudenciales para que se pueda otorgar, dice que no es suficiente pues esta demostrado que las resoluciones son dadas por mandato legal y constitucional por lo tanto solo R E S U E L V E:
DENIÉGASE la suspensión de las Resoluciones núm. 260 de 21 de marzo de 2013, 1295 de 2 de septiembre de la citada anualidad, y, 1879 de 15 de noviembre de 2013, expedidas por la Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar
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En los últimos meses, Coljuegos ha desmantelado casas de apuestas ilegales que habrían dejado de transferir cerca de $80.000 millones anuales por concepto de derechos de explotación.
Un total de 445 elementos de juegos de suerte como máquinas tragamonedas, equipos de cómputo, ruletas, televisores, entre otros, fueron destruidos por Coljuegos en el municipio de Itagüí, Antioquia. Todos estos elementos eran utilizados en apuestas ilegales y estaban avaluados en cerca de $178 millones.
“Tenemos otros 4.600 elementos ilegales de juegos de suerte y azar que serán destruidos en los próximos días en municipios como Cali y Bucaramanga”.
“Estas máquinas habían sido retiradas por la entidad en el año 2021 y, desde entonces, se encontraban alojadas en diversas bodegas del departamento de Antioquia. Con la destrucción de estos elementos, queremos decirle a quienes operan juegos de suerte y azar sin contrato de concesión que no vale la pena estar en la ilegalidad”, aseguró Marco Emilio Hincapié, presidente de Coljuegos.
De igual manera, durante la destrucción de los elementos fueron encontrados $23’751.050 en monedas y billetes que estaban al interior de las máquinas electrónicas tragamonedas. Estos recursos se constituyen como un depósito judicial a nombre de Coljuegos y podrán ser transferidos a la salud.
Coljuegos acaba de publicar un proyecto que pretende aclarar y regular las condiciones bajo las cuales los operadores autorizados para operar juegos de suerte y azar puedan desarrollar actividades de publicidad, patrocinio, promoción o cualquier otra forma de comunicación comercial de los juegos de competencia de Coljuegos;
Entre otros se lee que la publicidad y juegos ofrecidos deben estar claramente identificados a través de la marca aprobada para cada uno de ellos, así como en las comunicaciones comerciales de los operadores de juego, deberá indicarse con claridad la razón social, el nombre o imagen comercial del operador de juego cuyas actividades sean objeto de promoción.
Además de muchas otras novedades, está la fijación de topes para inversión publicitaria, cosa que no estaba clara.
El regulador estará recibiendo comentarios hasta el 29 de septiembre de 2023.
Aquí el documento completo:
La Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales – ITRC, es una entidad del orden Nacional, adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, creada mediante Decreto 4173 de 2011 y posteriormente modificada su estructura, mediante los Decretos 985 de 2012, y 074 de 2022.
Los denunciantes recibirán al final de la llamada o correo un código único que funcionará como un radicado, el cual será útil para que el ciudadano pueda hacer seguimiento del caso. La entidad evaluará el alcance de la denuncia y si trasciende al ámbito penal se compulsarán copias de la investigación a la Fiscalía General de la Nación para que se adelante el trámite pertinente.
Es una entidad con personal altamente calificado, conformado por más de cien servidores públicos, seleccionados mediante pruebas de nivel alto. Cuenta con expertos auditores financieros, jurídicos, de proceso y sistemas, así como con expertos analistas de inteligencia de negocios. Así mismo, cuenta con abogados, investigadores expertos en derecho disciplinario y un equipo de policía judicial para adelantar investigaciones de manera conjunta con la Fiscalía General de la Nación, funcionarios judiciales, la Contraloría General de la República y demás servidores públicos que cumplan funciones de policía judicial.
¿Qué hace?
La Agencia ITRC tiene la facultad de investigar y sancionar las conductas por faltas disciplinarias gravísimas, generando fallos en primera y segunda instancia dentro de los procesos que se adelanten contra los empleados públicos encargados de la administración de tributos, aduanas, control del régimen cambiario de importaciones y exportaciones a cargo de la DIAN, contribuciones parafiscales a cargo de la UGPP y rentas de la nación a cargo de Coljuegos, por conductas que se relacionen con las faltas disciplinarias gravísimas.
También, la entidad tiene la facultad de auditar los procesos operativos, tecnológicos y administrativos de estas entidades, partiendo de la identificación, análisis y valoración de riesgos que amenacen los procesos y áreas de las entidades objeto de control, promoviendo las buenas prácticas y detectando fallas en los procesos y procedimientos, en la seguridad informática y en los recaudos e ingresos que administran las entidades auditadas
¿Cómo lo hace?
Dentro del marco del Proceso Disciplinario investiga integralmente, generando fallos en primera y segunda instancia dentro de los procesos que se adelanten contra los empleados públicos encargados de la administración de tributos, aduanas, control del régimen cambiario de importaciones y exportaciones a cargo de la DIAN, contribuciones parafiscales a cargo de la UGPP y rentas de la nación a cargo de Coljuegos, por conductas que se relacionen con las faltas disciplinarias gravísimas.
La Agencia ITRC además promueve las buenas prácticas y detecta las fallas en los procesos y procedimientos, en la seguridad informática y en los recaudos e ingresos que administran las entidades auditadas.
Denuncia Virtual
Los ciudadanos pueden realizar denuncia virtual contra funcionarios públicos de las entidades vigiladas (DIAN, Coljuegos y la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscal -UGPP), que cometan faltas disciplinarias gravísimas de fraude y corrupción aquí: https://www.itrc.gov.co/denuncias/
Cerca de 40 influenciadores y representantes de gremios económicos asistieron a la jornada de socialización sobre la normatividad de rifas y promocionales convocada por Coljuegos. Con esto, se busca que quienes realicen este tipo de juegos a través de redes sociales también aporten recursos para la salud de los colombianos, afirmaron desde Coljuegos.
Recordaron que quienes promuevan rifas deberán solicitar la autorización respectiva ante la jurisdicción en la cual opere el juego.
Es decir, si la rifa se realiza en un municipio, la autoridad es la Alcaldía; si se realiza en más de un municipio, es competencia de los departamentos a través de las loterías; y si es nacional (más de dos departamentos) la autorización se tramita ante Coljuegos.
Coljuegos ya radicó ante el Ministerio de Hacienda un proyecto de decreto por medio del cual se busca cambiar la normatividad vigente en materia de rifas y promocionales, con el objetivo de captar más recursos para la salud.
“De acuerdo con la normatividad, los derechos de explotación para las rifas corresponden al 14 % sobre el total de boletas expedidas, más1 % adicional sobre dicho valor por gastos de administración. Los derechos de explotación para promocionales corresponden al 14 % del total de premios pagados, más 1 % adicional sobre dicho valor por gastos de administración”
La entidad tiene capacitaciones programadas para los días 11 y 18 de abril, a partir de las 2:00 de la tarde, en la sede de Coljuegos, ubicada en la carrera 11 #93A-85.
Luego de haber surtido los trámites de ley Coljuegos expidió la resolución que deja en firme y modifica su antecesora la 20214000036784 de 16 de diciembre de 202.
Coljuegos inicia mesas de trabajo de juego responsable
Las modalidades de localizados, novedosos y novedosos por internet en virtud de la Ley 643 de 2001, por lo cual la reglamentación que expide Coljuegos es obligatoria para todos los operadores en el territorio nacional, en especial, aquella relacionada con los mecanismos para evitar prácticas prohibidas, como el ofrecimiento de juegos a niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidades mentales y los que afecten la salud de los jugadores, deberán implementar y acatar lo previsto en materia de juego responsable.
Coljuegos Juego responsable , convocatoria para construcción de Políticas en la Industria
Los operadores autorizados tendrán un plazo hasta el 16 de abril de
2024 para implementar las acciones señaladas y una vez implementadas se cumplirán de forma permanente.
Aquí el documento completo
(571) 7568829 - 3606414 - 3606415 FAX (57 1) 3605027
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