Colombia enfrenta una nueva ola de ilegalidad en el sector de juegos de suerte y azar: plataformas de rifas y apuestas que operan por redes sociales y que, en muchos casos, son administradas desde Venezuela, el Caribe y Centroamérica. Utilizan cuentas en Instagram, Facebook, Telegram y WhatsApp para atraer jugadores colombianos sin controles, sin permisos y sin supervisión estatal.
Según cifras divulgadas por las autoridades, en los últimos meses se ha solicitado el bloqueo de cerca de 10.000 páginas y perfiles que ofrecían juegos no autorizados, evadiendo completamente el pago de derechos de explotación que financian la salud. En operativos recientes, el Centro Cibernético Policial recibió solicitudes específicas para bloquear aproximadamente 300 cuentas dedicadas a rifas, bingos virtuales y publicidad de plataformas ilegales.
El fenómeno es más profundo de lo que parece. Actualmente existen más de 450 investigaciones abiertas por presunta operación ilegal en distintas modalidades, incluyendo decenas de influenciadores y empresas que habrían ofrecido rifas digitales con premios como motocicletas, carros, electrodomésticos e incluso apartamentos. Muchas de estas rifas no entregan los premios, no tienen trazabilidad y no cumplen requisitos mínimos de transparencia. Según estimaciones internas del sector, estas estructuras podrían estar generando pérdidas superiores a los 70.000 millones de pesos anuales para el sistema de salud.
A esto se suma un componente transnacional que preocupa a los organismos de seguridad. En regiones fronterizas se han identificado esquemas de rifas virtuales vinculados a redes criminales que ofrecen bienes de alto valor sin respaldo legal. Paralelamente, operadores ubicados en jurisdicciones offshore continúan apuntando al mercado colombiano sin cumplir requisitos regulatorios, aprovechando vacíos jurídicos y el alcance masivo de las redes sociales.
Para los operadores legales colombianos, que cumplen con la regulación, con los reportes a la UIAF y con los estándares técnicos exigidos por la ley, esta competencia desleal erosiona los márgenes, afecta la confianza del jugador y desincentiva la formalidad. Mientras las empresas autorizadas deben asumir costos de certificación, auditoría, contribuciones fiscales y controles tecnológicos, las estructuras ilegales captan jugadores sin controles, sin transparencia y sin aportar recursos al sistema público.
El desafío para Colombia será fortalecer la coordinación institucional entre Coljuegos, la UIAF, la Fiscalía y el Centro Cibernético Policial, pero también modernizar la trazabilidad digital y cerrar los puentes financieros que permiten que las rifas y apuestas ilegales operen desde el exterior con la misma facilidad con la que abren un perfil en redes sociales.
