El endurecimiento tributario impulsado por el Gobierno colombiano ya comenzó a impactar directamente los balances empresariales y el sector gaming no es la excepción. Durante el primer trimestre de 2026 compañías como ISA registraron caídas de utilidad cercanas al 20%, Celsia retrocedió 46%, y Conconcreto cayó más de 50%, mientras grupos como Nutresa pasaron incluso de ganancias a pérdidas. Con el impuesto al patrimonio corporativo y nuevas cargas extraordinarias, operadores de apuestas online y casinos enfrentan ahora el escenario fiscal más exigente desde la creación del mercado regulado colombiano.
El debate tomó fuerza tras los análisis financieros publicados sobre el impacto de las cargas extraordinarias en los balances empresariales del primer trimestre de 2026. El cobro quedó formalmente establecido mediante las medidas tributarias emitidas durante el estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica decretado por el gobierno de Gustavo Petro, especialmente a través del Decreto Legislativo 0173 de febrero de 2026 y los posteriores ajustes del Decreto 0240 de marzo de 2026. El esquema fijó un impuesto temporal al patrimonio para personas jurídicas con un patrimonio líquido superior a 200.000 UVT, equivalentes exactamente a COP 10.474.800.000 al corte del 1 de marzo de 2026, con una tarifa general del 0,5% para la mayoría de las empresas. El tributo quedó vigente para el año gravable 2026 como mecanismo de recaudo extraordinario para cubrir la presión fiscal y el déficit presupuestario estatal.
En el gaming, el efecto se combina además con los derechos de explotación de Coljuegos, costos de AML, compliance y, de manera crítica, el nuevo Impuesto Nacional al Consumo del 16% sobre los ingresos brutos del juego online (GGR) adoptado en el mismo Decreto 0240 de 2026.
Las cifras de las matrices operadoras empiezan a mostrar la magnitud del impacto bajo las nuevas reglas de depuración fiscal. Tomando como referencia los activos declarados en el sector, la empresa matriz de BetPlay (Corredor Empresarial S.A.) encabeza la exposición sectorial al registrar un patrimonio contable de referencia superior a los COP 106.361 millones, lo que sitúa su base gravable estimada para el impuesto patrimonial en el rango de los COP 531 millones. Por su parte, multinacionales y operadores de la talla de RushBet, Codere y Stake; cuyas estructuras patrimoniales líquidas superan con holgura el umbral de las 200.000 UVT, con pagos aproximados y estimados de impuesto al patrimonio de COP 2.193 millones, COP 82.4 millones y COP 55.7 millones respectivamente, enfrentan un drástico ajuste en sus márgenes netos de operación en Colombia para el cierre del ejercicio fiscal 2026.
La presión llega en un momento delicado. El mercado colombiano ya enfrenta el IVA del 19% sobre gaming online, cambios regulatorios vía decretos de emergencia y advertencias de operadores sobre caída del GGR y presión sobre márgenes. Fecoljuegos reportó previamente reducciones cercanas al 30% en ingresos brutos del juego online tras los cambios tributarios iniciales.
Colombia podría convertir al gaming regulado en uno de los principales objetivos fiscales del país justo cuando el mercado ilegal y offshore continúa creciendo mediante criptomonedas, VPNs y plataformas internacionales. El sector advierte que mayores cargas podrían frenar inversión tecnológica, marketing, expansión y patrocinio deportivo, afectando uno de los ecosistemas digitales con mayor crecimiento tributario de América Latina.
Ahora el debate ya no es solamente cuánto recauda el Estado, sino cuánto puede seguir gravando al gaming sin debilitar el mercado regulado que convirtió a Colombia en referencia regional para las apuestas online.
